La administración de Dina Boluarte rechazó que en Perú exista una "política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos" como acusó la organización Amnistía Internacional.
Igualmente, aseguró que están dando "todas las facilidades" para investigar las 60 muertes producidas durante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Boluarte.
En un comunicado oficial, el gobierno señaló que "es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un "racismo sistémico" en el actuar de las distintas autoridades".
El comunicado, se compartió desde las redes oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH).
El MinjusDH también informó que "en forma paralela" a las investigaciones, en diciembre se creó una Comisión Multisectorial.
En esta comisión participan representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso del Perú.
La posición de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que, durante las protestas en Perú, hubo "ataques generalizados" particularmente hacia la población indígena y campesina por parte de las fuerzas del orden.
Igualmente, señaló que la "grave crisis de derechos humanos" que vive el país es sido alimentada por el racismo y la criminalización contra las comunidades mencionadas.
"Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta", aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
aag