El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apelará el fallo de un juez que congela parte de los fondos de la declaración de emergencia para la construcción del muro en la frontera con México.
Trump, que llegó este sábado a Japón en una visita de Estado, adelantó en Twitter su intención de apelar el fallo:
"Otro juez activista designado por (Barack) Obama ha fallado contra nosotros sobre una sección del Muro del Sur que ya está en construcción. Este es un fallo contra la Seguridad Fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico de humanos. Estamos pidiendo una apelación rápida", tuiteó el mandatario.
Los activistas que demandaron al gobierno de Estados Unidos para bloquear la construcción de un muro en la frontera con México se mostraron esperanzados por la decisión judicial.
"La orden del tribunal impide que la Administración de (Donald) Trump comience las obras en los primeros proyectos de construcción del muro fronterizo que la Administración ha anunciado", dijo un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que pidió el anonimato y cuya organización representa a los demandantes en este caso.
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El juez de la corte del Distrito Norte de California, Haywood Gilliam, nombrado en su día por el anterior presidente, Barack Obama (2009-2017), bloqueó parcialmente el plan de Trump de financiar el muro fronterizo mediante fondos procedentes del Departamento de Defensa, para lo que se valió de la emergencia nacional que declaró en febrero para evitar al Congreso, donde los demócratas se oponen.
El fallo congela la transferencia de unos mil millones de dólares del presupuesto del Pentágono para pagar la barrera en la frontera y limita la creación de partes del muro, pero no detiene su construcción.
En concreto, el magistrado impide al gobierno "adoptar cualquier acción para construir la barrera fronteriza" empleando fondos desviados del Departamento de Defensa en las zonas de Yuma y El Paso, en los estados limítrofes con México de Arizona y Texas, respectivamente.
El portavoz de ACLU recordó que el costo de los primeros proyectos de construcción anunciados por la Administración asciende a mil millones de dólares, que han sido desviados de los fondos del Pentágono, en concreto "de las pagas de los militares y las cuentas de las pensiones".
"Con el bloqueo temporal, la corte puede tomar una decisión final sobre la petición de nuestro cliente, así como sobre los proyectos de construcción del muro que la Administración ya ha anunciado, y evaluar si desafía nuevas secciones del muro fronterizo", indicó la fuente de ACLU.
Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6 mil 600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los mil 375 millones que el Congreso sí destinó al muro debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.
Sin embargo, el juez Gilliam consideró en su sentencia que "el control absoluto del Congreso sobre los gastos federales -incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama ejecutiva en relación a iniciativas que considere importantes- no es un fallo del sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo".
En la denuncia, los demandantes Sierra Club y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur, representados por ACLU, sostienen que la declaración de una emergencia nacional para desviar fondos para el muro es "inconstitucional".
En su escrito, el juez aclaró que este caso no es para establecer si la construcción del muro es una decisión "sensata o no", ni para ver si ese plan es la respuesta política correcta para afrontar la situación en la frontera sur de Estados Unidos, sino para determinar si el Ejecutivo ha excedido sus prerrogativas en su financiación.
El fallo del viernes tiene carácter temporal y de urgencia a la espera de que Gilliam se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva.
En la misma corte hay otra demanda contra el muro presentada por 16 estados gobernados por los demócratas y encabezados por California, sobre la que el juez ha rechazado emitir una orden restrictiva temporal como en el otro caso, aunque ha dado luz verde para que la causa prosiga.
jos