El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que el 12 por ciento de los migrantes que solicitaron Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), es decir, 110 mil personas, tiene expedientes de arrestos por delitos como asaltos, agresiones, abusos sexuales, asesinatos o conducción bajo la influencia de alcohol o drogas.
En el contexto de la discusión en la Suprema Corte del país para aceptar o no la petición del presidente Donald Trump para eliminar el programa de dreamers, este sábado USCIS publicó el informe sobre historiales de arrestos de extranjeros indocumentados que solicitan DACA, pese a que el programa no acepta migrantes con antecedentes graves
“Esta agencia está obligada a continuar con la aceptación de peticiones de DACA de parte de inmigrantes ilegales como resultado directo de la decisión de la administración anterior de eludir las leyes aprobadas por el Congreso. Esperamos que estos datos proporcionen una mejor idea de la realidad de aquellos a quienes se les concedió el privilegio”, dijo Ken Cuccinelli, director de USCIS.
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De acuerdo con el informe publicado en Washington, de los solicitantes cuyas peticiones fueron aprobadas, el 85 por ciento fueron arrestados o detenidos antes de su más reciente aprobación.
Ken Cuccinelli aseguró que de los solicitantes, cuyas peticiones fueron aprobadas y habían sido arrestados, el 31 por ciento tenían más de un arresto.
Mientras que del total de los solicitantes, 218 tenían más de 10 arrestos y de esos, 54 tenían una petición con estatus aprobado, a octubre de 2019.
“DACA continúa como tema de discurso público y de litigios en curso, USCIS permanece comprometido en asegurar que el público se mantenga informado sobre quién recibe el progama”, agregó.
Mencionó que bajo las guías de DACA vigentes, los extranjeros indocumentados podrían ser considerados para obtenerlo si no han sido convictos de un delito menor significativo o tres o más delitos no significativos que no surjan del mismo acto, omisión o esquema de mala conducta y que de otra manera no representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.
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