La justicia de Uruguay dictó el jueves la suspensión de la vacunación contra el covid-19 de los menores de 13 años por lo que el Ministerio de Salud Pública canceló inmediatamente la inoculación.
La decisión del ministerio fue tomada luego de que el juez Alejandro Recarey dio luz verde a un amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone una semana atrás. Dentone representa a un grupo de militantes antivacunas que quieren conocer, entre otros aspectos, los contratos firmados entre el Estado y las farmacéuticas.
El fallo llegó una semana después de haber sido presentado el amparo y tras dos audiencias judiciales. En la primera, celebrada la víspera, el gobierno uruguayo intentó recusar a Recarey y el propio juez dictaminó seguir el proceso. El jueves el magistrado recibió la respuesta a 18 preguntas sobre la seguridad sanitaria y composición química de las vacunas para el coronavirus que llevaban la firma del ministro de salud, Daniel Salinas.
En conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el fallo es un atentado contra la salud de la población. El gobierno anunció que va a apelar “porque los padres y madres están muy preocupados por lo que pasó hoy”, anticipó el prosecretario presidencial Rodrigo Ferrés.
Delgado cuestionó la falta de idoneidad del juez, dejando entrever que tiene ideas antivacunas que lo alejan de la imparcialidad que requiere su investidura. Consultado por la prensa señaló que “pedimos que el juez se excusara y no dio lugar… En este mundo las coincidencias son muy pocas”, opinó.
“Estamos convencidos que es un disparate suspender la vacunación voluntaria porque tiene un enorme aval de la ciencia. Cada decisión del gobierno se hizo con un asesoramiento científico muy grande”, explicó Delgado visiblemente serio.
En las últimas semanas se han incrementado en Uruguay los casos de covid-19 y de otras infecciones respiratorias típicas del invierno, aunque esto no ha provocado sobresaltos en el sistema de salud. Una amplia mayoría de los menores de 13 años ya han recibido dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, casi todos con Pfizer.
Uruguay administró casi nueve millones de dosis para unos tres millones y medio de habitantes.
En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, Dentone afirmó que el gobierno uruguayo no presentó los contratos con la farmacéutica Pfizer solicitados por el magistrado. El gobierno se excusó en la confidencialidad de los mismos.
El juez quiere saber si existieron cláusulas “de inmunidad civil y/o impunidad penal de los proveedores” sobre “eventuales efectos adversos”, según un decreto firmado tras la lectura de la sentencia.
Además, pretende saber si hay óxido de grafeno presente en la composición de la vacuna, un material sospechado por los antivacunas de causar eventuales daños a la salud. Diversos reportes internacionales afirman la inexistencia de este compuesto en las vacunas contra el covid-19.
El fallo fue apelado por el gobierno e irá a un tribunal superior.
EHR