Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, las autoridades migratorias han arrestado a un millón 29 mil 953 personas en su frontera sur. Una cifra que, al menos, se dirige a igualar los dos millones 378 mil aprehensiones registradas en el año fiscal anterior de 2022, lo que representa la carga administrativa sin precedentes que tienen las autoridades de Estados Unidos.
En una demanda presentada por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles de Estados Unidos, se denuncia que el Departamento de Seguridad Interna, a través del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), ha violado los derechos constitucionales de los migrantes albergados, al menos, en cuatro centros de detención, al no proveerles de representación legal para poder llevar a cabo sus solicitudes de asilo o refugio.
Se trata del Centro Correccional Florence en Florence, Arizona; el Centro de Detención Krome en Miami, Florida; el Centro de Procesamiento de Laredo, en Laredo, Texas; y el Centro Correccional River en Ferriday, Louisiana.
En el Centro Correccional River, por ejemplo, se ha denunciado que los migrantes son tratados como criminales en prisión. Los abogados de la organización de Servicios de Migración y Abogacía Legal (ISLA), han denunciado que no se permite a los migrantes tener reuniones confidenciales con sus abogados para planear su estrategia para solicitar libertad bajo fianza o para presentar su caso de solicitud de asilo o refugio. Tienen que reunirse en cuartos multipropósitos donde hay todo tipo de actividades y gente a la espera de sus reuniones.
Lo mismo pasa en el centro de Laredo, Texas, donde el Centro de Refugiados y Migrantes para Educación y Servicios Legales (RAICES) solamente tienen acceso a dos cuartos sin privacidad, donde se puede albergar a máximo 400 personas. En el centro de Florence, las visitas legales ocurren en una cafetería.
En los centros de Laredo, Krome y Florence no se provee de intérpretes para los migrantes, el contrario, deben ser los abogados quienes consigan alguien que les ayude a comunicarse efectivamente con sus clientes, y cuando lo logran, necesitan de una aprobación en el centro que toma entre seis y doce meses.
En los centros de Krome, Laredo y River, los abogados no pueden ingresar computadoras portátiles o impresoras, lo que les impide revisar y preparar documentos legales.
En los centros, además, se imponen barreras sin motivación alguna para retrasar los encuentros entre los migrantes y su representación legal, como la obligación de que se calendaricen con días de anticipación o que se impongan horarios demasiado restrictivos para los encuentros, e incluso hay falta de acceso a comunicación vía telefónica.
ICE y DHS fueron demandados debido a que son los encargados de supervisar las condiciones en los centros migratorios, los dirijan ellos o no, además, se ha alertado que la mayoría de ellos está a cientos de kilómetros de alguna oficina de representación legal, lo que hace que un migrante tenga pocas posibilidades para acceder a un abogado, aunado a las condiciones en centros de detención como los cuatro señalados.
EHR