Del portafolio de Alsea, Vips fue la marca más impactada por la emergencia sanitaria del covid-19 y a la que le costó más llegar a sus niveles prepandemia.
Aunque este no ha sido el único reto que ha tenido que enfrentar el grupo por la marca que se sumó a su negocio en 2014, pues hoy la firma enfrenta un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que le demanda el pago de impuestos por la adquisición, un caso que podría tardar algunos años más en resolverse.
Fue en 2013 cuando la operadora de marcas como Starbucks y Domino's Pizza anunció que había llegado a un acuerdo con Walmart de México, entonces dueña de la cadena, por 8 mil 200 millones de pesos, una transacción que se concretó en 2014.
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Sin embargo, en 2020 la empresa hizo público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el SAT le reclamaba el pago de impuestos por 3 mil 881 millones de pesos (que incluía actualización, recargos y multa". En dicha información, la empresa señaló que contaba con los elementos para demostrar que dicha liquidación era improcedente.
"El SAT se ha dado cuenta de que le conviene más fiscalizar a los grandes contribuyentes, porque en su caso, si tienen créditos fiscales pendientes de cubrir, va a ser más rápido obtener su recuperación. Se quiere recaudar más, se pretende una recaudación mayor y se busca de dónde se da esta recaudación", dijo a MILENIO Virginia Ríos, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.
En mayo de 2020, Walmart de México, a quien la autoridad le demandaba un pago por más de 10 mil millones de pesos, anunció un pago al SAT por 8 mil 79 millones de pesos, con el fin de concluir asuntos iscales sustanciales, que incluía la revisión sobre la venta de la cadena de restaurantes.
"Hace 15 días tuvimos reuniones con las autoridades, fue buena. Aceptaron que al igual que Walmart tuvo un ajuste, nosotros tendremos una simetría iscal y eso nos ayudará en términos de terna una mejor valuación para la marca y seremos capaces de amortizar eso en 5 por ciento por año, pero vamos a tener que quitar algunos beneficios fiscales que tenemos hoy en día", afirmó en febrero de 2021 Alberto Torrado, presidente ejecutivo de la operadora.
Pero la historia no paró ahí, pues el organismo que dirige Raquel Buenrostro y la compañía han entrado en una disputa sobre dicho pago durante este año.
"Es una cantidad muy fuerte la que demanda el SAT. Se pueden llevar hasta años, pues la compañía no ha aceptado que deba pagar dicha cantidad. Incluso las finanzas actuales de Alsea no muestran una liquidez fuerte, por lo cual un desembolso de esa cantidad, aunque le condonaran una parte, lo llevaría a una crisis económica muy importante, tomando en cuenta que apenas acaba de comenzar a recuperarse la situación para el sector de restaurantes", sostuvo Virginia Ríos.
Durante el primer trimestre del año, Alsea reportó ventas netas por 15 mil 228 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 49.5 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.
Al cierre de marzo, la deuda neta consolidada de la empresa, incluyendo arrendamientos por efecto de IFRS16, disminuyó 5 mil 997 millones de pesos, para cerrar en 48 mil 570 millones de pesos.
Para abril de 2022, la empresa informó de nueva cuenta a la BMV que interpondría un nuevo amparo, luego de que recibió la notificación del la autoridad en contra de los oficios de liquidación respecto al pago de los impuestos por supuestos ingresos a la adquisición de bienes.
"La compañía y sus abogados externos consideran que Alsea cuenta con los elementos suficientes para demostrar que la liquidación realizada por el SAT es improcedente y que ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales respecto a la operación de la compraventa mencionada. Alsea interpondrá las acciones legales con las que cuenta para impugnar dicha resolución por la vía judicial", dijo a inicios de año.
Ríos indicó que el proceso legal se dio porque se ha señalado que la empresa cumplió con sus obligaciones y no tiene adeudas con el fisco.
"Alsea adquirió, no vendió. No tiene ingresos omitidos; lo que pretende el SAT es que exista ingreso en especie, porque indica que adquirió la marca por debajo del precio de mercado. Su grupo de abogados y asesores tendrá que demostrar que están operando bajo las leyes y que no tienen dicha deuda. Esto puede llevar meses o años", agregó.
Explicó que al hacer un proceso de compra-venta debe haber haber un perito evaluador que respalde el precio final de la oferta; aunque dentro de sus facultades el SAT tiene la posibilidad de ordenar otro avalúo y establecer que existió un precio inferior al del mercado. Esto, indicó, debería afectar al vendedor, en este caso, Walmart de México, que ya hizo un pago al organismo.
A principios de julio, el SAT embargó algunas cuentas de la operadora por el caso, una medida que tuvo que echar para atrás "de manera temporal", luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fallara en favor de la empresa que demandó el proceso del autoridad fiscal.
"Han sido levantados los embargos que el SAT mantenía sobre algunas de las cuentas de la compañía, con lo cual han quedado completamente liberadas. La compañía continuará el proceso legal que inició, haciendo uso de los medios de defensa que las leyes le permiten", concluyó la empresa.
AMP