La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) exigió al Congreso del Estado dejar a un lado los intereses de grupo y revanchismos políticos, así como centrarse en cumplir con su responsabilidad y privilegiar la solución de los problemas tales como la crisis del agua.
“La grave crisis por la falta de agua, el incremento de la incidencia delictiva y el precario transporte público que impactan diariamente la vida de millones de personas, demandan la atención urgente de los diputados y las diputadas.
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“Nuevo León demanda un Congreso a la altura de su ciudadanía. Por lo que exigimos al Poder Legislativo coadyuvar en resolver la grave crisis del agua, empezando por resolver las 20 propuestas que buscan mejorar la captación y uso del agua, y las 4 cuentas públicas de Agua y Drenaje de Monterrey que suman más de 8 mil millones de pesos de irregularidades identificadas por el Auditor Superior”, subrayó ANEI.
La agrupación empresarial que encabeza Fernando Turner Dávila, acusó al Congreso del Estado de empujar reformas exprés para incrementar su poder y el grado de discrecionalidad, tal es el caso de la insistencia del Congreso en tomar control de la Unidad de Inteligencia Financiera del estado (UIFE) y la Subsecretaría Tributaria Nuevo León (SATNL).
“La recaudación tributaria y la prevención de fraudes fiscales son atribuciones del Poder Ejecutivo; el Congreso ya tiene facultades para cuestionar, investigar y sancionar”, indicó.
Además, señaló que el Congreso de Nuevo León debe promover ayudas, no su imagen, “absteniéndose de hacer entregar de apoyos con el nombre y la imagen de las diputadas y los diputados, ya que esto es violatorio al artículo 134 de la Constitución mexicana”, añadió ANEI en el documento.
De igual forma, exhortó al Congreso a empujar otras reformas urgentes en movilidad y seguridad pública, que permitan tener el marco normativo adecuado para que el resto de los poderes cumplan su parte en la resolución de los problemas que aquejan al estado.
Y desistirse de aquellas reformas que contravienen la Constitución mexicana y la división de poderes en favor de intereses políticos.
“Deben maximizar la transparencia, discusión pública y participación ciudadana en los procesos de designación pública, especialmente de fiscales y magistrados, para garantizar selecciones con base en el mérito (y no la cuota partidista), y aspirar a una verdadera autonomía en la procuración e impartición de justicia”, indicó.