Apoyar a las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad), sin 'piso parejo', podría desatar una serie de juicios internacionales y amparos nacionales, ya que se estarían violando acuerdos de protección de inversiones con muchos países, como en el reciente T-MEC, dijo el socio director de la práctica de Energía de Hogan Lovells, Carlos Ramos.
El abogado explicó que el T-MEC es uno de muchos instrumentos con los que se cuentan y es una de las fortalezas que tiene México; una red de tratados internacionales para la protección de las inversiones, incluso podría ser una de las más grandes del mundo.
"El tema es que México ha hecho acuerdos de estabilidad de inversiones con muchos países, siendo el màs importante el TLC y el T-MEC, bajo las reglas actuales se pueden presentar arbitrajes de inversiones que no son exclusivos de estados, sino con cualquier paìs que tenga inversiones", explicó.
En entrevista con MILENIO, el despacho Hogan Lovells explicó que las consecuencias de este apoyo que se está dando a las empresas estatales, sin igualdad de condiciones, generará un doble efecto en el gobierno; tendrá que desviar la atención del estado en la atención de los procesos legales que se deriven de esto y probablemente termine indemnizado a los inversionistas una vez terminados los juicios, dinero que podría ser utilizado de formas más constructivas.
Pero otra de las consecuencias, será la inhibición de nueva inversión, y no sólo en el sector de energía sino en cualquier otro. "Si el Estado no cumple con sus compromisos, no estoy seguro de querer invertir más", comentó Carlos Ramos.
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El pasado 15 de junio la American Petroleum Institute (API) acusó que el gobierno mexicano está debilitando el marco que permite flujos comerciales y discriminando las inversiones estadunidenses, violando compromisos de México tanto del TLCAN como en T-MEC, por lo que enfrentan dificultades cada vez mayores para obtener permisos para diferentes actividades y favoreciendo a Pemex.
Al respecto Carlos Ramos, dijo que la carta de la API es una de muchas voces respecto a la actuación del Estado, ya que los inversionistas extranjeros no ven reglas claras, y están a expensas de que hace la administración. Estás acciones están inhibiendo las inversiones privadas, mientras se privilegian las del estado, apuntó el especialista.
“Lo que piensan los inversión es: Señores vemos una serie de pasos, medidas y dichos que no nos dan certeza de que las reglas no se estén respetando, y se apoya al Estado en perjuicio de las inversiones privadas, existe un marco regulatorio bajo el cual decidimos invertir, existen tratados regulatorios y exigimos que se cumplan", dijo respecto a la visión de los privados y la carta de la API.
srgs