El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que, continuar apoyando financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, así como mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales, tendría un costo de más de 2 billones de pesos durante el próximo sexenio, lo que implicaría un costo de uno por ciento del PIB anual.
El CIEP manifestó que la política energética de la actual administración generó costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por las aportaciones patrimoniales a Pemex.
“Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social”, indicó el centro de investigación.
El instituto detalló que este monto se dividiría en: 1 billón 371 mil mdp por aportaciones patrimoniales y una reducción del DUC para Pemex; 245 mil 680 mdp para que CFE mantenga su participación del 54 por ciento en la generación de electricidad; 57 mil 665 mdp para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución; y 517 mdp por subsidios a las tarifas eléctricas.
De acuerdo con el documento ‘Política Energética. Retos fiscales 2024-2030’, el CIEP refiere que, dado que para el próximo año se estima una reducción del gasto público del 3.0 por ciento del PIB, las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.
“Es importante recordar que el gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética. En 2021, el 27.4 por ciento de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuyó a 21.9 por ciento en 2023. Lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso del 35 por ciento que tiene previsto este año”.
El CIEP dijo que la actual política energética implica un costo de oportunidad para las finanzas públicas. “Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras”.
MRA