Si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica, tal y como la planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el país enfrentará no sólo una ola de demandas, sino el establecimiento de un panel para dirimir esos cambios de reglas en el sector eléctrico, y adicionalmente una serie de represalias comerciales, advirtió Eugenio Salinas, coordinador general del Cuarto de Junto del sector privado en tratados comerciales.
“Consideramos que hay un alto riesgo de que pidan (EU y Canadá) la formación de un panel para dirimir esas diferencias que no se cumplirán, sobre todo la protección de los inversionistas que quieran venir o que ya están en México. Qué consecuencias pueden venir, pues represalias comerciales (aranceles a sectores o productos mexicanos), esto independientemente si prosperan juicios donde se determinen que hubo incumplimientos de contratos sobre todo de lo que ya existe, de las empresas que están en México”.
Salinas mencionó que el impacto sería severo también para la economía e imagen del país ante el extranjero.
Por ello, dijo que el gobierno de México tiene la obligación de avisar con anticipación a sus socios comerciales del T-MEC, no solo en el tema de energía eléctrica, sino de cualquier disposición que vaya a afectar la relación comercial con Estados Unidos.
“Han venido al país funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quiero pensar que funcionarios de la Secretaría de Energía, Economía, Hacienda mexicanos, han estado allá, pero no conozco que haya una disposición formal para adelantar al gobierno estadunidense y canadiense en donde ellos podrían reaccionar”.
El directivo comentó que hasta que no entre en vigor, si acaso se aprueba, se sabrá hasta donde están los límites, qué es lo que se estaría prohibiendo y de esa manera poder determinar si hay incumplimiento o no a las leyes del T-MEC.
“Esperemos que sí tenga idea el gobierno de las implicaciones y que habrán calculado en lo político y en la relación con Estados Unidos”, añadió.