El BBVA retomó las negociaciones con los sindicatos tras anunciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y les planteó el despido de 3 mil 798 personas y el cierre de 530 oficinas, que argumentó por motivos productivos y organizativos derivados de la transformación digital.
Esta primera oferta del ajuste se aplicará concretamente sobre los servicios centrales y la red de sucursales de BBVA S.A., que cuenta con alrededor de 23 mil 300 empleados, quedando fuera el resto de las sociedades de la entidad en España. La afectación final dependerá del empeño y del esfuerzo de la mesa negociadora.
Este excedente, que representa 16 por ciento de la plantilla del banco, afectaría a 3 mil personas de la red de oficinas, lo que supone más de 21 por ciento de las personas que actualmente trabajan en ella, y las 800 restantes de servicios centrales (5 por ciento del total actual).
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), como central obrera mayoritaria en la mesa negociadora, consideró que las cifras puestas encima de la mesa por la entidad son un planteamiento de salida “insostenible y escandaloso”.
La entidad bancaria comunicó a las centrales obreras que apoya su decisión en el contexto de profunda transformación para el sector, marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales.
El BBVA cree que, para garantizar su competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta “imprescindible” continuar trabajando de forma aún más decidida en reducir su estructura de costes.
El anuncio coincide con el ERE comunicado por Caixabank, tras completar su fusión con Bankia, que transmitió a los sindicatos su intención de que afecte a 8.291 trabajadores, lo que equivaldría al 18 por ciento de su fuerza laboral. En cuanto al cierre de oficinas, la propuesta asciende a mil 534 sucursales, 27 por ciento de la red actual. Este se trataría del mayor ajuste laboral de la historia del sector financiero en España.
A propósito de esto, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pidió a los bancos “responsabilidad” para buscar todas las alternativas que minimicen el impacto negativo de las fusiones sobre el empleo.
Además, calificó de “inaceptables” los “altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades”, “una preocupación” que el Gobierno trasladó tanto a las propias entidades como al Banco de España. “Se trata de unas remuneraciones que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas”, expresó.
MRA