La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar con detenimiento las disposiciones jurídicas que busca regular la distribución de contenidos en radio y televisión.
En conferencia de prensa, José Antonio García, presidente del organismo, manifestó que las normas del máximo órgano judicial, las cuales se prevén se resuelvan en marzo de este año, atentan contra la libertad de expresión de todos los medios de comunicación.
“Hoy estamos muy preocupados por el marco sensor que se impone sobre la radio y televisión mexicanas y sobre nuestros comunicadores, y desde luego contra el periodismo nacional que ha visto números récord en el número de compañeros muertos y amenazados”, manifestó.
Se tiene previsto que en marzo del presente año el pleno de la Suprema Corte discuta el proyecto que contempla obligar a todos los medios de comunicación a diferenciar los contenidos informativos y de opinión en cada uno de sus espacios.
Además, se estima que todos los códigos de ética de cada uno de los medios de comunicación de radio y televisión sean avalados por el propio Estado; y que cada medio cuente con defensores de audiencias los cuales deberán ser nombrados por el mismo gobierno federal, explicó García.
Lamentó que la propuesta del ministro de la SCJN, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, pretende negar el derecho a toda la población mexicana de estar debidamente informada, además de una censura oficial para todos los medios de comunicación de radio y televisión.
El representante de los medios comparó que dichas normas ponen sitúan a la industria en los tiempos donde gobernaban los expresidentes Luis Echeverría y Ernesto López Portillo.
Posteriormente, en entrevista con medios García advirtió que uno de los riesgos que se corren con estas disposiciones es la desaparición de los mismos medios de comunicación, debido a que estos se volverían inoperantes.
A la par de una posible extinción de los medios, también estarían en peligro más de 30 mil empleados sindicalizados, y más de un millón de trabajos de confianza en indirectos.
De cuartearse la libertad de prensa, García manifestó la Cámara que agrupa a más de mil 400 emisoras privadas de radio y televisión mexicanas, prevé tomar acciones legales ante instancias internacionales para revertir dicha resolución.
Respecto a esta postura y señalamiento de la CIRT, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un reconocimiento constitucional de los derechos de las audiencias, por lo que no se atenta contra la propia libertad de expresión.
“Los derechos de las audiencias protegen la pluralidad de ideas, perspectivas y opiniones -naturales de la sociedad democráticas-, con énfasis en la dimensión social de la libertad de expresión: el derecho a la población de recibir información de calidad y libre de discriminación que le permita participar en la vida pública, forjando sus propios criterios”, apuntó la AMDA.
MRA