Luego de que venciera el plazo para que las empresas de tecnología Financiera (fintech) presentaran la solicitud para operar de manera formal en México, Adalberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mencionó que las 85 compañías que solicitaron autorización modernizan al sector y generan competencia.
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El funcionario señaló que la comisión que preside esta lista para recibir a nuevas startups que quieran registrarse para operar bajo la Ley Fintech, toda vez que el plazo que venció el pasado 25 de septiembre, impide operar a instituciones de fondos de pago electrónico y de financiamiento colectivo (crowdfunding) que no tienen el permiso, “pero esto no quiere decir que no puedan llegar más”.
“Me da gusto que haya fintech y que se esté modernizando el sector, que haya gente que quiera disciplinarse y entrar en este proceso, si son muchas o son pocas no lo sé, lo que sí sé es que fue un esfuerzo muy importante de la anterior administración y de los que están aquí y la verdad es que me da mucho gusto que hayan decidido disciplinarse para hacer las cosas bien en función de la ley”, mencionó.
En tanto, agregó que se trata de un buen momento para el país en términos de avanzar en la regularización de una industria “que ya está aquí, ya se quedó. Una industria que va a ser útil para la competencia y para la inclusión, tenemos que asegurarnos que funcione y que funcione bien. Ese es nuestro reto”, dijo.
En septiembre del 2018, se inició un plazo transitorio de más de 12 meses, para que las aproximadamente 200 plataformas contempladas en la ley y que tenían operaciones desde antes de marzo del año anterior soliciten su autorización para operar bajo dicho marco normativo, de estas, únicamente 60 presentaron solicitud para operar como empresas de fondo de pago electrónico y 25 como crowdfunding.
Es por esto que aquellas que no solicitaron operar bajo dicha ley deberán abstenerse de continuar realizando dichas actividades y nuevas operaciones y tendrán que realizar únicamente la conclusión o cesión de las operaciones que ya existen, de lo contrario serán sujetas a las sanciones penales y administrativas que marca la ley, indicó el órgano regulador.
MRA