La controversia sobre la Ley de la Industria Eléctrica solo traerá un clima de presiones y amenazas al estado de Derecho, situación que “va para largo” y será sana mientras no se atente contra la autonomía de poderes e instituciones, consideró Sergio Chagoya, socio experto en derecho constitucional e inversiones en infraestructura de la firma Santamarina y Steta.
“Ser un emprendedor industrial o formar parte de la sociedad productiva no es un crimen en ninguna parte del mundo. Que se les acuse de colusión en negocios ilícitos simplemente por ser empresas, es algo que, en primer lugar, no va a prosperar. Solamente va a generar un clima de confrontación y descomposición del tejido social que no va a beneficiar a nadie”, subrayó.
Agregó que los ataques recientes al poder judicial y descalificaciones públicas a sus funcionarios son intentos de sometimiento que amenazan el Estado de Derecho y la democracia en México.
“Afortunadamente, el Poder Judicial da muestras de estar claro de su autonomía”, señaló.
El especialista aclaró que tanto jueces como abogados simplemente están haciendo su trabajo, que consiste en apegarse a la ley y en defensa legítima de los derechos de ciudadanos y empresas legítimas.
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Chagoya pronosticó un escenario en el que el Poder Judicial apoye a los jueces que confirmen amparos contra la legislación de contra reforma eléctrica y en su caso controversias y acciones de inconstitucionalidad, dejando claras las sanciones, en caso de errores, sin convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo.
“Habrá que tomar en cuenta que se activarán aquellas reformas recientes de la ley han fortalecido la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, explicó.
Igualmente, el experto calculó próximas acciones más agresivas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el fin se someter al Poder Judicial Federal en un franco atentado contra la democracia.
“Esperemos que no pase de un linchamiento en medios. En todo caso, México va a salir fortalecido en su Estado de Derecho. Estamos confiados en que la Corte no va a permitir más politizaciones de asuntos estrictamente judiciales. Ahí, los operadores jurídicos van a tener muchos elementos y protegerán a la ciudadanía con la ley en la mano”, concluyó.