Ante los efectos que causará el paro temporal por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, se estima que los casos de empresas que se acojan al concurso mercantil (para evitar la quiebra) alcance más de 600.
Esto significará el doble de todos los que se han acumulado en 20 años, previó el abogado especialista Javier Navarro Velasco, líder de la práctica de reestructura e insolvencia de la consultora Baker & McKenzie.
“Realmente se espera una gran demanda de juicios de quiebra y concurso mercantil por parte de las empresas mexicanas en los próximos meses, derivado de los efectos del covid-19, pero habrá algunas compañías que simplemente cerrarán las puertas sin acudir a un concurso mercantil, un mecanismo previo a la declaración de quiebra y que en muchos casos evita la quiebra”, señaló el especialista.
Explicó que la Ley de Concurso Mercantil establece que puedan optar por un convenio preacordado, el cual permite que la empresa se ponga de acuerdo con sus acreedores, este mecanismo acorta el tiempo para que un juez dictamine el concurso mercantil, lo que le da a la empresa “respiro” y manera de seguir operando.
Entre los sectores más afectados destacan turismo, hoteles, aéreas, restaurantes y manufactureras en general.
“Una vez que se levante la cuarentena iremos sabiendo el estatus de las empresas, lamentablemente algunas de ellas sólo optarán por cerrar la cortina y apagar la luz, otras sí se acogerán a la Ley de Concurso Mercantil”, indicó Navarro Velasco.
El Consejo de la Judicatura Federal reportó unos 300 casos de concurso mercantil acumulados en 20 años ante el Ifecom desde el año 2000.
"Puede duplicarse, es difícil estimarlos, pero no descartaría que se llegara a tener 600 procesos en los próximos meses".
Comentó que actualmente existe una iniciativa en el Senado con fecha del 28 de abril para modificar el régimen de Concurso Mercantil, el cual contempla que el proceso de los juicios sea barato y menos largo, a como ocurre actualmente, además de hacerlo vía electrónica.
El proceso de conciliación actual tiene una duración de un año y con esta reforma se estima reducirla a seis meses.
El especialista comentó que este mecanismo no es muy común que lo utilicen las empresas, dado el costo que representa.
Navarro Velasco consideró que una medida que podría ayudar para que las empresas puedan voltear a esta herramienta sería crear un esquema de abogados y especialista de oficio que pagaría el Gobierno Federal, que ayuden a las pymes en este proceso largo y oneroso, en el que tan sólo el visitador implica un costo mínimo de 75 mil pesos.