La situación en el paso de los transmigrantes por el norte de Tamaulipas se mantiene, ahora con la obligación del uso de un presunto holograma implementado por grupos criminales, incluido en una cuota de 200 dólares por pedimento. Empresarios de Centroamérica acusan esta ilegalidad tanto a la Secretaría de Finanzas, el punto de revisión federal y la ANAM.
Guillermo Martínez, uno de los afectados, apuntó que se ha instalado una especie de retén antes de la Aduana ubicada en el puente internacional Los Indios, al poniente de Matamoros. Los cobros asegura van de 80 dólares por vehículo que se traslada a naciones al sur de México, además de un pago de 20 dólares adicional por la calcomanía, supuestamente, avalada por la autoridad estatal.
"Ahora para poder pasar a México nos están haciendo este cobro que va a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas. Qué sinvergüenzas, hasta los de las agencias se ponen de acuerdo para aplicar estas estafas, supuestamente lo que nos cobran ya está todo cubierto y ellos no pueden hacer nada", dijo en sus redes sociales.
Otros compañeros dedicados al traspaso de vehículos y mercancía a Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá, advirtieron de esta misma situación e incluso, propiciaron quejas ante la Guardia Nacional para atender este caso en el mencionado cruce utilizado (junto a Ojinaga, en Sonora) para este tipo de comercio.
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Desde la semana pasada se mencionó un cierre de la aduana ante el cobro de la delincuencia organizada, expuesta por los mismos transmigrantes, para pasar con sus mercancías. Señalan que en el total de los $200 hay una repartición tanto para Finanzas estatal a cargo de Adriana Lozano, el jefe de la Aduana Sergio Aurelio León Torres y la Agencia Nacional.
La nueva opción es acercarse con el congresista demócrata Vicente González, para exponerle la problemática y pedir la intervención del gobierno norteamericano para poner fin a estos casos.
Otra propuesta es mudarse hasta la otra conexión a fin de evitar este delito que se une a otros cobros tanto de presuntos delincuentes como también las propias agencias algunas en la mira del Buró Federal de Investigación (FBI), entre ellos Transmigrantes Águila, cuyo propietario Miguel Hipólito Caballero Aupart, por delitos que los involucran con jefes de cárteles en el noreste de México, entre ellos Carlos Favián Martínez "El Cuate", primo del ex líder criminal Osiel Cárdenas.
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