Luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negara los permisos a la empresa Constellation Brands para continuar la construcción de su planta en Mexicali, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó este hecho como una decisión arbitraria, autoritaria y unilateral.
“Violenta la legalidad y el estado de derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México”, afirmó el organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín.
En un comunicado, resaltó que el gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, “lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar”.
Indicó que la democracia tiene reglas, donde la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, “y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión”.
“Se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos sus permisos en regla y que estaba en proceso avanzado de concluirse. La decisión es también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro T-MEC”, advirtió el CCE al gobierno federal.
Agregó que la discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada, “con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades mal intencionadas. La planta en cuestión utilizaría solo el 0.2 por ciento de los recursos hídricos de la localidad y cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada para uso agrícola”.
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Resaltó que la “supuesta” consulta realizada el fin de semana, no tuvo ningún sustento jurídico; “se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante. Sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, solo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5 por ciento de los ciudadanos”.
“Peor aún, se realizó en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia, en el que a la vez se pedía a las personas no salir de sus casas a fin de evitar la propagación del coronavirus”, acusó el organismo empresarial.
Expuso que en ningún lugar del mundo, un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal, puede decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales.
Aseguró que las consecuencias de esta decisión, no solo afectará a los habitantes de Mexicali, sino al país entero. “La señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país”.
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“En un contexto internacional de crisis, en el que necesitamos más que nunca de la inversión privada, el daño generado al futuro de nuestra economía es incalculable”, destacó el CCE.
lvm