La deuda pública que arrastra Tamaulipas aumentó en un año 13.7 por ciento y fue una de las 10 entidades en México que incrementaron su pasivo a través del gobierno del estado y los municipios. Entre 2020 y 2021, la cifra llegó a mil 947 millones de pesos, destacó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), al evaluar los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dentro del estudio denominado “Hablemos de la deuda 2022” en el reporte subnacional, las autoridades pasaron de los 17 mil 193 millones de pesos a 19 mil 140 millones de pesos, adquirido en la banca pública, de desarrollo y por emisiones bursátiles. Del total, 95 por ciento corresponde al Poder Ejecutivo estatal y el 5 por ciento (alrededor de $959 millones) forma parte de los municipios.
En la referida evaluación, Guanajuato cuenta con la cifra más alta, con una variación anual del 42.6 por ciento, seguido de Morelos en un 17.7 por ciento y Baja California en un 13 por ciento. Caso contrario, Tlaxcala no solicitó un crédito, en Querétaro el monto fue 75.4 por ciento menor al año pasado, además de un 33.3 por ciento inferior en Baja California Sur.
“El nivel de endeudamiento de cada entidad federativa se contrasta con su capacidad de pago. Mayores niveles en términos absolutos no necesariamente implican la insostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo el organismo civil.
Dentro de las referencias puestas en el estudio, el número de pasivo en Tamaulipas significa el equivalente al 3.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), de igual manera, de todos sus ingresos, a este rubro dedica el 34.7 por ciento e, incluso, abarca el 73.6 por ciento de lo enviado por la Federación a través de las participaciones.
Se proponen soluciones
Con esto, el Imco propone algunos puntos para las autoridades, como es dar continuidad al Sistema de Alertas de Hacienda y a la información recopilada por el Registro Público Único, pues la recalca es un insumo fundamental para fomentar la competencia en el sector y generar mejores condiciones de contratación.
“Se debe mejorar y revisar las capacidades locales de las haciendas públicas y tesorerías municipales para estar en posibilidad de contraer deuda o emitir activos bursátiles. Otro es asociar la deuda con inversión productiva y permanecer como un instrumento de financiamiento que, bien utilizado, mejoraría las condiciones de vida de las personas”, concluyó.
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