El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada por el presidente de la República lastimará profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica y sobre todo en los tratados internacionales que tiene México.
“La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al estado de derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país”, advirtió el organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín.
Expuso que esta iniciativa, obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea, y no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes incrementen su participación, sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría las emisiones contaminantes, costos de generación y subsidios.
“La imposición de esta reforma, implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.
Estos efectos retroactivos, que desconocen al estado de derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de nuestro país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
Resaltó que la CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo, por lo tanto, no ha contribuido a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes.
“Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables. Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos”, dijo en un comunicado el CCE.
Resaltó que esta contrarreforma, parte de un diagnóstico equivocado, donde los preceptos constitucionales en materia de energía eléctrica, no tienen como objetivo, ni como consecuencia, dañar o desaparecer a la CFE, sino que por el contrario, es el establecimiento de un marco que permite la coexistencia de la inversión privada y la competencia lo que permite la sustentabilidad financiera y el crecimiento de la CFE.
Agregó que la contrarreforma, condena a la CFE de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento, ni poner en riesgo las finanzas públicas.
“Hacemos un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país”, concluyó.
Por su parte el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) José Abugaber, calificó como desafortunada la iniciativa del presidente de México en materia eléctrica.
"Desafortunada, la iniciativa que se presentó el día de hoy, en el sector eléctrico, la materia prima de la industria donde contamos con toda la experiencia y la sensibilidad que brinda ser grandes consumidores, para enriquecer una propuesta de esta naturaleza", escribió en su cuenta de Twitter.
Expuso que se observa un retroceso hacia una figura de control absoluto para la CFE, contraviniendo los tratados internacionales, quedando en imposibilidad de cumplir con los compromisos ambientales de México, con altas posibilidades de ser llevado el tema a los tribunales internacionales.
"La iniciativa impacta negativamente los costos de producción de la industria, obligando a subir los precios de todos los productos, aumentando los niveles inflacionarios de la economía, y en consecuencia, erosionando el poder adquisitivo y su calidad de vida de las familias mexicanas", afirmó.
Ante eso el dirigente empresarial confío en que el ejercicio del parlamento abierto, "participaremos activamente, dando prioridad al diálogo, a la salud, y economía de las familias mexicanas".
MRA