En el sector laboral de Tamaulipas, un tercio de los empleados carecen de un contrato firmado ante los patrones o bien con las empresas donde trabajan, en tanto 1 de 4 miembros están sin recibir una prestación de ley, situación que afecta el crecimiento económico, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Por esta razón, expuso el Índice de Competitividad Estatal en su edición 2022, se cuenta con una brecha laboral por encima de la media nacional, pues el potencial de la Población Económicamente Activa sin lograr un empleo es del 27.4 por ciento, la décimo quinta más alta en todo México.
Dentro del tema, mientras no figuran entre los mercados de trabajo que mejor aprovechan el talento, un tercio de los trabajadores no cuentan con un contrato escrito ante dueños de negocios o empresas, traducido en 33.5 por ciento, mientras casi un cuarto (23.2 por ciento), sin importar los ingresos obtenidos por sus servicios prestados, carecen de las prestaciones de ley, entre ellas el pago de aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, reparto de utilidades, entre otras.
El porcentaje de habitantes sin fuentes de ingresos, en su mayoría, se encuentra subocupada, con un número menor de ciudadanos en el estado disponible, tanto en actividades formales con sus respectivas prestaciones, así como en la informalidad, en tanto se suma el 3.9 por ciento de los desocupados.
Esto lo coloca arriba del promedio nacional mostrado en el estudio, elaborado por la organización civil con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con un 26.4 por ciento. En esta evaluación sobre cómo es trabajar en el país, Tlaxcala es la entidad donde menos se aprovecha para actividades laborales, en un 38 por ciento. Caso contrario, en Jalisco existe el menor rezago, en 14.5 por ciento.
Consideraciones a tomar
Ante esto, el Imco propuso varios puntos a mejorar a fin de abatir la mencionada brecha. Una es identificar las raíces de la informalidad en la región, ya sea la prevalencia de empresas informales o el incumplimiento de los derechos laborales en quienes sí cumplen con otras responsabilidades fiscales.
Otra es adoptar prácticas para atraer el talento de más mujeres en el sector público y privado, a través de políticas internas de integración vida-trabajo, igualdad laboral y no discriminación.
A su vez, expone reformar el sistema de seguridad social para reducir los costos que las unidades económicas enfrentan al formalizar a sus empleados y cumplir con obligaciones fiscales, así como generar un entorno de negocios con condiciones propicias para la inversión en el país, tanto nacional como internacional, mediante el cumplimiento del estado de derecho y la estabilidad económica.