Derivado de la pandemia del coronavirus muchas escuelas privadas han tenido que adaptarse a los cambios que la nueva normalidad implica, realizando clases virtuales y en algunos casos reduciendo costos de colegiaturas, sin embargo, de frente al regreso a clases, algunos padres de familia están optando por cambiar a sus hijos de instituciones educativas a unas más económicas o pasarlos a organismos públicos, generando en ciertos casos inconformidades entre las escuelas salientes y los consumidores.
En entrevista con MILENIO, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, expuso que existen muchos padres de familia que tenían a sus hijos en escuelas privadas, pero que por la situación actual tanto sanitaria como económica están tomando la decisión de cambiar a sus hijos a colegios públicos, y en caso de que los colegios privados no quieran regresar las cuotas de reinscripción, podrían ser multadas.
“Si yo tomo la decisión de irme del sistema privado al público, yo estoy en mi derecho de pedir la devolución de mi inscripción, y si no me la quieren devolver, hay multas que pueden llegar a 3 millones de pesos, por caso. A parte de las multas, estamos trabajando de la mano con la SEP, y pudiera haber casos, en que la propia SEP intervenga para imponer las sanciones que corresponden a ello”, aseveró.
Explicó que las instituciones educativas privadas son proveedoras de servicios, por ende, los padres de familia están obligados a pagar una inscripción o reinscripción, sin embargo, el prestador del servicio está obligado a ser muy claro sobre cuáles van a ser las prestaciones que ofrecerán.
“Si no va a haber clases presenciales, yo como padre de familia y como Procurador, considero ilógico que pretendan cobrarme lo mismo que por el servicio que me daban anteriormente. De manera tal, que como papás, decidan si quieren continuar en ese colegio, o quieren que sus hijos estudien en otro”, señaló.
Sheffield Padilla aclaró que al momento las quejas por motivo de reinscripciones son muy pocas debido a que la mayoría de las escuelas y padres de familia, logran llegar a acuerdos, “son personas que ya están teniendo problemas porque no les quieren devolver la reinscripción, o no les están siendo claros en las condiciones del servicio”.
“Nuevas tenemos siete quejas en todo el país; cinco de educación media superior; una de secundaria y una de primaria; cinco son en San Luis Potosí; una en el Estado de México y una en Coahuila. En todo el año aparte de las dichas, hay por distintos motivos, de enero a julio, hubo 307 quejas; 55 que son el 18 por ciento, ya conciliaron; 242 que son el 79 por ciento, están en trámite. Quejas tenemos 60 en febrero; 66 en marzo; 11 en abril; 11 en mayo y 69 en junio”, detalló el Procurador.
Agregó que mediante la plataforma Conciliaexprés, que se hace por vía telefónica, “se conciliaron seis casos, -esas no son quejas porque ya se conciliaron-, una de la Universidad la Salle Bajío, en León, Guanajuato, y cinco de la Universidad de la Salle en la Ciudad de México. Estando Profeco en medio se pusieron de acuerdo proveedor y consumidor”.
“Si nosotros vemos un problema grave, nosotros somos los representantes legales de los consumidores, en este caso de los alumnos y de los papás. Y nosotros podemos promover administrativa o judicialmente las causas. No lo hemos hecho hasta ahora porque no lo ha ameritado”, aseguró Sheffield Padilla.
GGA