A pesar de que el gobierno de México ya nacionalizó el litio, el riesgo de que el medioambiente sea dañado está presente cuando comience la explotación del elemento que se utilizará para el desarrollo de baterías porque, en general, no se respetan las normas.
Verónica Mastretta Guzmán, integrante de Dale La Cara al Atoyac, organización no gubernamental que impulsa acciones para el cuidado del ambiente, resaltó que el estado carece de la fuerza para vigilar que los procesos de extracción que se realicen con el respeto a las normas.
“El problema es que dejan sueltas a las empresas y los que pueden acotar la explotación de una manera mejor son los municipios con sus planes de ordenamiento del territorio. Esas explotaciones se realizan en poblaciones muy chiquitas en donde las mineras llegan con las grandes promesas de desarrollo y se brincan la normatividad, los impactos ambientales, los protocolos de seguridad para no contaminar”, destacó.
Después de que los investigadores Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Francisco Javier Sánchez Ruiz, académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), coincidieron en la importancia de valorar la extracción del llamado “oro blanco” a cambio de costos socioambientales, Mastretta Guzmán explicó que nada garantiza que no existan daños al ambiente.
“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el litio ya es de la nación, ya se nacionalizó. Todo lo que es minería, igual que el agua, requiere de condiciones para poderse explotar. Si ya expropio el litio se requiere que solo lo explotará el estado, pero no lo creo, no tiene ni el capital ni el Estado es muy pulcro cuando hace desarrollo o explotaciones. Vemos a Pemex, rara vez se aprecia que cumplan con las normatividades ambientales”, añadió.
En entrevista para MILENIO Puebla, la integrante de la organización no gubernamental destacó que las leyes y las normas existen en México y en el estado para el cuidado del ambiente ante las acciones de explotación, pero el reto es que se cumplan.
“Existen normas por aplicar, manifiestos de impacto ambiental por cumplir y yo donde veo la problemática es que todo lo que es impacto ambiental a nivel federal está muy reducido en cuando a personal y técnicos. Por eso se están tardando tanto en impactos ambientales. Han recortado el personal”, explicó Mastretta Guzmán.
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) destaca que en Puebla se tiene detectada presencia de litio en ocho municipios, ubicados tanto en la parte centro del estado como en la Sierra Mixteca.
“La rectoría en tema de minería está en manos del estado y por decreto presidencial se ha dicho que el litio se nacionalizar. Tiene el estado que autorregularse, es complicado. Las herramientas para la regulación están en manos del propio del Estado Mexicano y un ala de apoyo son los ayuntamientos que son los que pueden acotar actividades ante el riesgo de contaminación de lagos, agua o bosques”, finalizó.
CHM