La propuesta de la Casa Blanca de integrar las acciones de grandes empresas de inteligencia artificial, como OpenAI, en una especie de fondo soberano de inversión para la población general acierta en dos puntos. En primer lugar, la IA representará un dinero caído del cielo para algunos y una devastación para otros. En segundo, las ganancias derivadas del auge tecnológico se reflejan en el aumento de la valoración de las acciones, por lo que, si el objetivo es minimizar las dificultades de la transición, este es un buen lugar para comenzar.
Sin embargo, la idea de la propiedad pública de firmas de IA, propuesta en diversas formas por el presidente Donald Trump, el senador progresista Bernie Sanders y OpenAI, creadora de ChatGPT, no es la solución. ¿La participación debe ser obligatoria u opcional? ¿Qué es una empresa de IA? ¿Entrará en la lista Nvidia, el inversionista Blackstone o un banco de Wall Street que implementa IA y despide empleados?
En lugar de distorsionar el capitalismo, una mejor manera de facilitar el auge de la IA es con una herramienta que ya existe: los impuestos. No, no una tasa específica sobre las utilidades de la IA. Estos, como los “impuestos a los robots” que durante años han defendido figuras como Sanders, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y algunos senadores de Nueva York, serán complejos y generarán ambigüedad en su definición.
En vez de eso, consideremos el impuesto sobre las ganancias de capital, que grava justo el ámbito donde se han generado los beneficios del auge de la IA. En Estados Unidos, como en la mayoría de los países, las ganancias de inversión se gravan a una tasa inferior a la de los ingresos para los más ricos. Si un inversionista del sector en EU vende acciones de su empresa y obtiene utilidades, se le aplican impuestos aproximadamente a la mitad de la tasa que pagaría por la misma cantidad recibida como salario o bonificación.
Esta brecha existe casi desde hace 40 años. Ronald Reagan la eliminó en la década de 1980, pero no por mucho tiempo. Joe Biden propuso hacerlo durante su presidencia, y al menos un político laborista querría hacer lo mismo en el Reino Unido. Igualar las tasas de impuestos puede ser una medida demasiado audaz —y también enfadaría al sector del capital riesgo, que se beneficia enormemente del statu quo—, pero existe margen para acercarlos.
Mientras tanto, hay otro problema que requiere solución. Cuando se transmite patrimonio al fallecer el propietario, la “base” sobre la que se calcula el impuesto sobre las ganancias de capital se restablece al precio actual. Tratar la herencia como un hecho gravable generará más de 100 mil millones de dólares en ingresos fiscales en 10 años, según cálculos del Budget Lab de la Universidad de Yale.
A medida que las empresas crecen, la laguna legal se vuelve más absurda. Los fundadores de imperios multimillonarios como SpaceX y Meta algún día podrá trasladar sus activos a sus herederos, quienes —si los venden de inmediato— podrán embolsarse una ganancia colosal sin pagar un solo centavo en impuestos.
Reconsiderar este sistema no recaudará dinero ahora, pero fortalecería las finanzas de EU en el largo plazo. La Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania estimó en 2024 que el ahorro presupuestario total derivado de gravar las utilidades de inversión con las tasas de los ingresos ordinarios y eliminar la laguna fiscal de las herencias puede ascender a 1.8 billones de dólares en 30 años.
En un mundo ideal no será necesario recurrir a este tipo de reforma fiscal, ni tampoco plantearse la posibilidad de que el gobierno adquiera participaciones directas en empresas. Pero el mundo del laissez-faire ya no existe. El impacto de la IA es real y complejo. Se perderán empleos, la gente tendrá que volver a capacitarse profesionalmente. Esto requiere tiempo y dinero. Y Estados Unidos, con una fuerza laboral cada vez con más ansiedad y una deuda federal que supera ciento por ciento del PIB, carece de ambos.