En los últimos años, las empresas de Wall Street han tratado de hablar de forma favorable sobre su compromiso con el medio ambiente y la justicia social. Ahora cantan una melodía diferente.
Grandes bancos estadunidenses como Goldman Sachs y JPMorgan forman parte de un grupo de empresas de servicios financieros que presumen sus relaciones comerciales con las compañías de gas y petróleo. Lo hacen para calmar a los políticos de los estados liderados por los republicanos que los penalizan por no hacer lo suficiente para apoyar a la industria de los combustibles fósiles.
Hasta ahora, sus súplicas cayeron en oídos sordos. El mes pasado, Virginia Occidental prohibió a cinco empresas financieras (BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo) realizar actividades bancarias en el estado.
Riley Moore, tesorero de Virginia Occidental, acusó a las empresas de tener “políticas con el objetivo de debilitar nuestras industrias de energía” en un estado en el que los impuestos sobre el carbón y los combustibles fósiles son la tercera fuente de ingresos.
La medida de Virginia Occidental es la última de una oleada de ataques a instituciones financieras que los legisladores republicanos consideran que fueron demasiado lejos en su suscripción a la agenda ambiental, social y de gobernanza (ESG, por su sigla en inglés).
Algunas de las instituciones de créditos que fueron blanco de los ataques de Virginia Occidental respondieron blandiendo su financiamiento a los combustibles fósiles, un giro discordante que se produce después de años tratando de convencer a los activistas de que no son complacientes con el medio ambiente.
En una carta emitida en julio al tesorero de Virginia Occidental, Goldman indicó que proporcionó más de 118 mil 900 millones de dólares de financiamiento a las compañías de combustibles fósiles desde 2016, y 17 mil 800 mdd tan solo el año pasado.
En una carta similar, la abogada general de JPMorgan, Stacey Friedman, presumió la exposición crediticia de 42 mil 600 mdd del banco a compañías de gas y petróleo como prueba de que no discrimina a las empresas de combustibles fósiles. También dijo que en 2021 el banco financió y facilitó 106 mil mdd para objetivos verdes, como las energías renovables.
“Esta decisión es corta de miras y no está conectada con los hechos. Nuestras prácticas comerciales no están en conflicto con esta ley contra el libre mercado”, señaló JPMorgan en un comunicado. Goldman Sachs no quiso hacer comentarios más allá de su carta.
Las restricciones en Virginia Occidental se producen después de dos leyes de Texas que se aprobaron el año pasado donde se prohíben a las empresas financieras con base en sus políticas sobre las armas, así como su tratamiento a las compañías de gas y petróleo a efectos del cambio climático.
Las leyes de Texas exigen que el contralor del estado identifique las compañías que deben ser prohibidas y exige a las empresas que verifiquen que no boicotean a las firmas de armas de fuego, municiones y energía.
Un puñado de empresas —entre ellas JPMorgan, Citigroup, Goldman y Bank of America— se retiraron del mercado de bonos municipales de Texas después de que entró en vigor la legislación en septiembre de 2021, de acuerdo con una investigación académica publicada el mes pasado. Citi afirmó que desde entonces volvió a suscribir bonos municipales de Texas.
Casi 90 empresas de todo el mundo le escribieron a Texas para recalcar que invierten en firmas de gas y petróleo. El gigante del capital privado Apollo afirmó en una carta de junio que su director ejecutivo, Marc Rowan, “declaró públicamente que los fondos administrados seguirán financiando compañías de combustibles fósiles”. Sumitomo Mitsui, uno de los bancos más grandes de Japón, financió 208 mdd en este tipo de proyectos en Estados Unidos.
Las restricciones que implementaron los republicanos todavía no plantean un riesgo significativo para los ingresos, pero eso puede cambiar si se generalizan los esfuerzos por apartar a los bancos de los negocios estatales, señalaron analistas.
“Desde un punto de vista óptico, no son los titulares que se desean”, dijo Gerard Cassidy, analista de RBC Capital Markets, y añadió: “A medida que sean más tangibles creo que habrá más discusión al respecto”.
Cassidy dijo que el péndulo osciló mucho hacia la izquierda en los últimos cinco años, en especial con las políticas de energía sustentable y en la agenda de responsabilidad social. “Ahora el péndulo regresa… no estamos preparados para saltar a un mundo de energía sustentable”.
La oscilación de ese péndulo se siente, en diferentes grados, en todo Wall Street. El mes pasado, BlackRock dijo que este año votó a favor de menos peticiones ambientales y sociales de los accionistas en comparación con 2021. El mayor gestor de dinero del mundo argumentó que las propuestas de los accionistas se estaban volviendo demasiado normativas y que la invasión de Rusia a Ucrania cambió su cálculo.
Los bancos pronto van a enfrentarse a otra prueba en Florida. El mes pasado, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dijo que propondría una legislación el próximo año para proteger a los votantes del movimiento de los criterios de responsabilidad social.
El reto es que no hay definiciones establecidas en EU de este tipo de medidas, dijo Joshua Lichtenstein, socio del bufete de abogados Ropes & Gray. “Si eres un fondo inmobiliario, no puedes ignorar el aumento del nivel del mar cuando compras edificios en las costas. En realidad, se convierte en una cuestión de prudencia para el inversionista”, añadió.
Algunos republicanos de Virginia Occidental temen que la prohibición de los bancos globales por sus compromisos en materia de la agenda socialmente responsable pueda resultar en un aumento de los costos de préstamos y financiamiento.
Economistas estiman que los solicitantes de préstamos estatales y locales de Texas pagarán entre 303 y 532 mdd más en intereses por los 32 mil mdd de bono municipales emitidos tras la introducción de las medidas de boicot.