Mientras el mundo se detuvo en un confinamiento en abril de 2020, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford empacaron los cultivos celulares necesarios para hacer su vacuna experimental contra el coronavirus (covid-19) y sigilosamente las enviaron al Serum Institute de India, un fabricante de biotecnología.
A los científicos les preocupaba que el posible socio de la universidad inglesa, AstraZeneca, ansioso por controlar la propiedad intelectual de la vacuna, los detendría, y que su vacuna nunca llegaría a las naciones más pobres que más las necesitaban, de acuerdo con tres personas con conocimiento del asunto.
En el caso de AstraZeneca, sus temores resultaron ser infundados. Oxford y la farmacéutica anglo-sueca firmaron desde entonces un acuerdo de licencia con Serum Institute y produjo cientos de millones de dosis de la vacuna barata y portátil para países de medianos y bajos ingresos. Pero en retrospectiva, el envío encubierto, destinado a garantizar la producción en masa de las vacunas contra el covid-19 a bajo costo, fue el disparo inicial en la tensa batalla por la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología en la que el mundo está ahora envuelto.
“Consideramos el riesgo de que (Serum) no siguiera las reglas y no queríamos que eso sucediera”, dice al Financial Times Sandy Douglas, de Oxford, uno de los investigadores que desarrolló la vacuna. “Pero eso no significa que no fuéramos conscientes de que AstraZeneca pudiera
tener una opinión diferente y que podría haber preferido tener el control total”.
El grupo farmacéutico merecía “crédito”, menciona Douglas. “Una vez que (AstraZeneca) superó su renuencia inicial, realmente aceptaron la transferencia de tecnología a las naciones más pobres”, dice. AstraZeneca, Oxford y el Serum Institute no quisieron hacer comentarios.
¿Dosis insuficientes?
Pero pocas farmacéuticas más han hecho lo mismo, y cuando India y Sudáfrica se acercaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en octubre del año pasado con una propuesta para suspender los derechos de propiedad intelectual para todos los medicamentos y tecnología relacionados con el covid, se rechazó rápidamente. Ese tipo de medida haría más fácil y barata la fabricación de las vacunas y tratamientos más exitosos para terceros, lo que impulsaría y diversificaría la producción, dijeron India y Sudáfrica.
La industria farmacéutica respondió que renunciar a las patentes, sobre las cuales dice que se necesitan para proteger la inversión para llevar los medicamentos al mercado, no conduciría a más dosis. Los ejecutivos de la industria farmacéutica dicen que ya hacen todo lo posible para aumentar la producción y que los fabricantes externos carecen de la experiencia y los conocimientos necesarios para producir vacunas complejas sin ayuda.
La mayoría de los gobiernos occiden- tales habían apoyado la postura de las compañías hasta que Estados Unidos, en mayo, sorprendió a la industria al respaldar la exención de patente propuesta para las vacunas contra el covid-19. Pero tres meses después, poco ha cambiado. Las conversaciones de la OMC sobre la exención propuesta se suspendieron sin avances a fines de julio, ya que los delegados se dispersaron para las vacaciones de vera- no en Europa.
A pesar de una solicitud del director general de la OMC, Ngozi Okon- jIweala, de que los miembros reduzcan la pausa dada la urgencia del tema, no planean volver a reunirse hasta septiembre. Los observadores dijeron que la medida de Estados Unidos, aunque simbólica, hasta ahora ha hecho poco para abordar los tecnicismos necesarios para llevarla a cabo y acusaron a la Unión Europea, el Reino Unido y otros países de altos ingresos de seguir obstruyendo el progreso.
A pesar de la retórica alentadora, la administración de Joe Biden falló “la prueba más evidente de liderazgo” al no confrontar directamente a las compañías farmacéuticas que “obstruyen el acceso global a las vacunas que salvan vidas”, dice Asia Russell, directora ejecutiva de Health GAP, un grupo de defensa.
“Esta forma de eludir la responsabilidad nos condujo a la pesadilla de la actualidad”, dice. “Solamente 1.3% de las personas en los países de bajos ingresos están vacunadas, mientras que la Casa Blanca no tiene una estrategia real para entregar las 14,000 millones de dosis que el mundo necesita para poner fin a esta crisis”.
Con derechos de monopolio
Los fabricantes de medicamentos genéricos dicen que los retrasos están resultando ser costosos. “La forma en que estas compañías restringen la fabricación debido a su paranoia provoca una escasez de vacunas”, dice Kiran Mazumdar-Shaw, director de Biocon de India. “Pfizer y Moderna mantuvieron todo muy cerrado y decidieron participar solamente con un grupo de fabricantes”.
India es uno de los mayores proveedores de vacunas del mundo, dice Mazumdar-Shaw. “¿Por qué no convertir eso en una parte muy importante de su cadena de suministro global? Se le excluyó debido a la propiedad intelectual y ahora el mundo está sufriendo las consecuencias. Es un pensamiento muy corto de vistas”.
Pfizer y su socio BioNTech planean llenar y terminar las vacunas en un cen- tro de fabricación en Sudáfrica a partir del próximo año. Las dos compañías se comprometieron a poner 500 millones de dosis a disposición de 100 países de bajos ingresos, pero pocas compañías más han prometido suministros sustanciales.
Altos funcionarios de salud mundial están cada vez más irritados con la incapacidad de la industria para aumentar el acceso y se enfrentaron con ejecutivos del sector farmacéutico en una reunión de la OMC el mes pasado, de acuerdo con dos personas familiarizadas con lo que se dijo.
Pfizer señala al Financial Times que “debilitar las reglas de propiedad intelectual no resolverá estos desafíos (al acceso), ni hará que las vacunas lleguen más rápido a los pacientes”. Moderna no respondió a una solicitud de comentarios.
No es la primera vez que la industria farmacéutica y otras partes interesadas se encuentran en desacuerdo sobre el tema de las patentes. Una batalla por los medicamentos contra el VIH en la década de 1990 culminó, en 2001, con la decisión del fabricante farmacéutico indio Cipla de ofrecer medicamentos genéricos por 350 dólares por paciente por año, en lugar de los montos de entre 10,000 y 15,000 dólares que cobran los grandes grupos farmacéuticos, lo que provocó una conmoción en la industria.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la epidemia del VIH, que provocó la muerte de millones de personas en los 10 años que se tardó en que los medicamentos estuvieran para los pobres, le mostró al mundo qué no se debe hacer.
La escasez actual no fue un problema “momentáneo”, dice Hyo Yoon Kang, un profesor adjunto de derecho en la Uni- versidad de Kent del Reino Unido.
“Las compañías realmente tratan de ver cuánto pueden presionar por los derechos de monopolio en futuras pandemias”. Suerie Moon, codirectora del centro de salud global en el Graduate Institute de Ginebra, dice que el marco regulatorio actual para la industria resultó ser insuficiente.
“No tenemos marcos de políticas claros que articulen el contrato social”, dice. “Si no encontramos una solución, si no demostramos que las reglas pueden ser lo suficientemente flexibles, que pueden extenderse para tomar en cuenta la emergencia sanitaria, se vuelven más frágiles, pierden su legitimidad y se vuelven menos aceptables en general”.