“El brexit fracasó”. En la actualidad esa es la opinión de Nigel Farage, el hombre que tiene más responsabilidad en la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Tiene razón, no porque los tories (conservadores) la hayan regado, como él piensa, sino porque estaba destinado a salir mal. La pregunta es por qué el país cometió ese error. La respuesta es que nuestros procesos democráticos no funcionan muy bien. Añadir referendos a las elecciones no resuelve el problema, pero agregar asambleas de ciudadanos sí.
En su discurso de despedida, George Washington advirtió contra el espíritu de facción. Argumentó que el “dominio alternativo de una facción sobre otra… es en sí mismo un despotismo espantoso. Pero… los desórdenes y miserias que resultan de eso inclinan poco a poco las mentes de los hombres a buscar seguridad y reposo en el poder absoluto de un individuo”. Si nos fijamos en el Estados Unidos de la actualidad, ese peligro es evidente. En la política electoral actual, la manipulación de las emociones de un electorado racionalmente mal informado es el camino hacia el poder. Lo más probable es que gobiernen los que tienen más talento para la demagogia.
Las elecciones son necesarias, pero el mayoritarismo desenfrenado es un desastre. Para que una democracia liberal tenga éxito se necesitan instituciones de control: una supervisión de los comicios, un poder judicial y una burocracia independiente, pero ¿son suficientes?. En mi libro La crisis del capitalismo democrático sigo al economista australiano Nicholas Gruen en el argumento a favor de la creación de asambleas o jurados de ciudadanos. De este modo se introducirá en la tradición parlamentaria un elemento importante de la antigua democracia griega.
Hay dos argumentos para introducir la insaculación (sorteo) en el proceso político. En primer lugar, estas asambleas serán más representativas de lo que los políticos profesionales jamás pueden llegar a ser. Segundo, atenuará el impacto de las campañas, que hoy son más distorsionadas por las artes de la publicidad y los algoritmos de las redes sociales.
Una forma modesta de hacerlo es introducir los jurados ciudadanos a que asesoren sobre cuestiones polémicas. Estos jurados estarán limitados en el tiempo, se les compensará por su labor y contarán con la asesoría de expertos. Uno de los mejores ejemplos fue el controvertido tema del aborto en Irlanda. En 2016 se creó una asamblea deliberativa de 100 personas, compuesta por un presidente designado y 99 ciudadanos comunes elegidos por sorteo. Asesoró al Parlamento irlandés sobre el tema (se pronunció a favor de “derogar y sustituir” la prohibición entonces vigente), y sobre la cuestión que debía someterse al pueblo en referendo.
Hay otras cuestiones difíciles que pueden manejarse (o se pudieron manejar) de este modo: el impuesto al carbono, la energía nuclear y la inmigración. En estos casos, se crea un jurado de ciudadanos para escuchar a los testigos y debatir los temas a profundidad. Hay pruebas de que este método pudo tomar una decisión sobre el brexit diferente a la del referendo, ya que los partidarios de salir de la Unión Europea cambiarán de opinión en respuesta a las pruebas. Estos jurados serán consultivos, pero, como sugiere el ejemplo irlandés, la asesoría importará debido a quién la da.
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Se puede ir mucho más lejos, seleccionando una rama del pueblo del poder legislativo. También puede ser de asesoría, pero tomará la decisión de investigar cuestiones polémicas o incluso la legislación. Si hiciera esto último, puede pedir que la legislación se devolviera a la legislatura para su votación secreta, reduciendo así el control de las facciones políticas de los partidos. La cámara popular incluso puede supervisar cuestiones como la redistribución de distritos electorales o la selección de jueces y funcionarios.
Otra posibilidad es dejar a esta cámara la supervisión de los referendos. Podrá analizar las cuestiones subyacentes, emitir un informe y acordar una moción adecuada. Esto eliminará el mayor peligro histórico de los referendos: su uso para establecer un control despótico sobre la política bajo la rúbrica de “la voluntad del pueblo”.
La introducción de los ciudadanos en el proceso político, en la manera que es conocida de los jurados, puede incluir el sentido común del público en la política de forma complementaria a las elecciones de los líderes.
Las asambleas de ciudadanos se pueden instaurar sobre una base puramente privada. Se necesitarán donaciones para poner en marcha algunas sobre cuestiones significativas. En Reino Unido, sugiero una sobre inmigración. Los participantes necesitarán una compensación económica y se tendrán que encontrar recursos para llevarlas a cabo.
Gruen sugiere que una asamblea ciudadana totalmente financiada de 100 personas reunidas 26 días al año y que recibiera honorarios de 150 dólares por cada día de sesión costará alrededor de 15 millones de dólares anuales en EU o la Unión Europea. Supongamos que uno de estos jurados hubiera investigado a fondo las afirmaciones que se dieron en el debate sobre el brexit: ¡cuánto costo se pudo evitar!
Existe un intenso debate entre los politólogos sobre qué preferencias se reflejan en la política democrática. La evidencia indica que las prioridades de los más ricos están sobrerrepresentadas, pero igual de importante es hasta qué punto influye la manipulación en la formación de las preferencias.
Aquí es donde las asambleas pueden ser más útiles. Después de mis experiencias como jurado, llegué a compartir la opinión de Alexis de Tocqueville de que este tipo de asambleas son una institución fundamental de la ciudadanía. Si se les da tiempo y un debate abierto, la gente común demuestra una gran perspicacia. La falta de ambición de poder, puede contribuir mucho a nuestros debates públicos.
Washington tenía razón: el conflicto entre facciones no es la única forma de implementar la democracia. Debemos añadir las voces de la gente común, en cuyo nombre se supone que se gobiernan las democracias.