Al igual que muchos empresarios mexicanos, Armando Santacruz, director ejecutivo de la compañía de químicos Grupo Pochteca, enfrentó numerosas auditorías fiscales durante la última década.
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Si la nueva legislación diseñada para castigar a los acusados de evasión fiscal con la misma dureza que si fueran narcotraficantes hubiera aplicado en ese tiempo, “creo que habría pasado nueve de los últimos 10 años en la cárcel”, dice enojado.
Las nuevas iniciativas, entre ellas detención preventiva obligatoria y la posible incautación y la venta de activos, incluso antes de una condena, son parte de la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar la arraigada corrupción en la segunda economía más grande de América Latina.
Fijan la mira en la práctica ilícita y desenfrenada de usar facturas falsas, a menudo registradas en empresas fantasmas, para evadir impuestos, algo que, dice el Presidente, tiene un costo para el erario de 25 mil millones de dólares al año en ingresos perdidos, aunque la estimación es difícil de verificar.
Cualquier persona acusada por irregularidades fiscales graves en México puede enfrentar prisión sin derecho a fianza bajo las previsiones relacionadas con el presupuesto 2020, que actualmente está en el Congreso, y la incautación de activos que se aprobó en julio.
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), dijo: “Están eliminando... el derecho a la libertad, a la propiedad, a una audiencia, a un juicio justo y a la presunción de inocencia y lo reemplazan con prisión preventiva obligatoria con base solamente en sugerencias y no en hechos reales”.
Dijo que esa política puede conducir a incautaciones arbitrarias de activos, la congelación de cuentas bancarias con base en suposiciones en lugar de hechos y a que propietarios de empresas pierdan el control de sus compañías incluso antes de ser declarados culpables.
“Esta es una señal muy negativa para los inversores nacionales y extranjeros… a quienes necesitamos tanto para lograr que la economía crezca”, agregó. “no es el mensaje correcto”.
Gustavo de Hoyos, jefe de Coparmex, señaló que será “muy fácil criminalizar a una empresa que cometió un error” y encerrar a los ejecutivos en cárceles de alta seguridad “como si pertenecieran a un cártel del narcotráfico. Los empresarios tienen poca fe de que, incluso si no se los encuentra culpables, se les compense adecuadamente por la pérdida de activos.
Alejandro Armenta, presidente de la comisión de Hacienda del Senado y miembro del partido gobernante Morena, dijo que los cargos penales solo serían automáticos para los estafadores a gran escala. Sin embargo, argumentó que era necesaria una legislación estricta para tomar medidas enérgicas contra las compañías que venden facturas de impuestos a clientes que las usan para evadir impuestos.
“No es terrorismo fiscal porque de 2014 a 2019 se crearon más de 8 mil compañías que venden facturas y emitieron 9 millones de facturas falsas, defraudando más de 350 mil millones de pesos en impuestos”, indicó. Eso es suficiente para pagar 220 hospitales, dijo.
“Esto es criminal en un país donde la mitad de la gente vive en la pobreza. No es una medida contra los empresarios”.
México tiene el nivel más bajo de recaudación de impuestos de la OCDE. Pero los críticos dicen que en lugar de elevar ese nivel, las medidas alentarán a las personas a permanecer en el sector informal —más de la mitad de la economía que no paga impuestos simplemente para permanecer bajo el radar de SAT.
Los ingresos fiscales de México solo son 13 por ciento del producto interno bruto, peor que lo que recaudan los vecinos más pobres como Honduras y El Salvador, según el Banco Mundial. Una economía en desaceleración también dificulta la recaudación: los ingresos por impuestos sobre la renta cayeron casi 4 por ciento en agosto en comparación con 2018, mientras que los ingresos del IVA cayeron casi 12 por ciento.
“Esto va a desalentar por completo la inversión”, dijo Valeria Moy, directora de México ¿cómo vamos ?, un grupo de expertos. “¿Cuál es el incentivo para volverse formal si vas a convertirte en el enemigo público número uno?”.
“En México, las facturas falsas eran deporte nacional”, admitió Carlos Salazar, líder del CCE, quien está de acuerdo en que era necesaria una ofensiva, pero dijo que hay “cosas en la ley de incautación de activos que no nos gustan”.
Algunos predicen resultados funestos. “Un CEO de una importante firma me dijo que es el principio del fin de la propiedad privada en México”, relató un ex alto funcionario. “Imagínate cómo en un país como México se puede abusar de estos poderes amplios para la extorsión. El precio de las demandas de extorsión se disparará”.
Santacruz, quien también es cofundador de la ONG México Unido contra la Delincuencia, dijo que bajo la administración anterior fue blanco de auditorías fiscales como medio de acoso tras exponer escándalos de corrupción.
Dijo que ganó todos sus casos en los tribunales, pero las cosas habrían sido muy diferentes si el nuevo marco propuesto hubiera estado en vigor.
“He tenido 100 auditorías y en 99 de ellas presenté objeciones”, dijo Santacruz. “Con estos nuevos criterios, sería la cárcel y la incautación de activos incluso antes de la condena... este gobierno piensa que todos los empresarios son gánster. Así es como nos tratan”.
López Obrador se enfrentó a vergonzosas acusaciones de doble moral después de que este mes minimizó las revelaciones de la agencia tributaria de que la presidenta de su partido Morena, Yeidckol Polevnsky, recibió una exención de 16 millones de pesos en impuestos en 2013.
Ella se encontraba entre los casi 8 mil contribuyentes que se beneficiaron de exenciones por un total de 14 mil mdd a las tasas de hoy, una práctica a la que el presidente actualmente puso fin. Polevnsky lo atribuyó al error de un contador.
Pero las nuevas reglas no van a ofrecer dicho margen de error. Santacruz señaló que si se aprueban los planes presupuestarios, la responsabilidad va a recaer hasta el director ejecutivo.
Dijo que, como resultado, algunas empresas, entre ellas la suya, están creando estructuras corporativas en EU para no ser propietarios directos en México.
“Imagina que te ofrecen el puesto de CEO de Audi en México, pero luego te dicen que serás responsable de los impuestos de Audi en México”, dijo. “Yo diría ‘mejor mándenme a Brasil’”.