Reino Unido tiene un Estado fallido. Este es el argumento del excelente libro de Sam Freedman, Failed State. Pero me preocupa aún más su política fallida. Ya que los políticos se niegan a debatir la realidad en las elecciones generales, los resultados están condenados a decepcionar.
La difícil situación de Rachel Reeves, la ministra de Hacienda del Partido Laborista, lo demuestra. Está atada por dos series de promesas que el grupo no debió hacer. La primera era descartar aumentos en el impuesto al valor agregado (IVA), las contribuciones al seguro nacional y las principales tasas del impuesto sobre la renta y el gravamen a las corporaciones, a pesar de que generan casi 75 por ciento de los ingresos fiscales.
La segunda era equilibrar el presupuesto actual, que excluye la inversión, y que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pronosticara una relación decreciente de la deuda pública neta con el producto interno bruto (PIB) en el quinto año de su pronóstico. Esta última regla la tomó de su predecesor, Jeremy Hunt. También es “absurda”, señala Gus O’Donnell, ex secretario del gabinete.
La pregunta, entonces, es si el Partido Laborista puede lograr las mejoras en la calidad de los servicios públicos que desean los votantes, y cómo puede hacerlo, mientras al mismo tiempo se atiene al menos a la letra de esas promesas absurdas sobre impuestos, déficit y deuda. El presupuesto del 30 de octubre dará la respuesta.
Una posibilidad es predecir grandes mejoras en la productividad del sector público, pero eso parece muy improbable, por razones que Freedman expone en detalle en su libro.
Una segunda posibilidad es reconsiderar las definiciones subyacentes a las reglas fiscales. Una posibilidad en este caso es eliminar las pérdidas del Banco de Inglaterra por ventas de activos de las cuentas del gobierno. Otra es incluir los activos del sector público en los cálculos de la deuda neta.
Desde hace tiempo argumento que los gobiernos deben tener en cuenta activos y pasivos al evaluar sus posiciones fiscales. Prestar atención solo a la deuda y no a los activos que ésta puede financiar genera un sesgo contra la inversión productiva. También los lleva a subestimar la posibilidad de usar sus activos de manera más productiva, así como a exagerar los riesgos de crisis inmanejables para un país capaz de endeudarse en su propia moneda.
Por lo menos, el gobierno debe cambiar su objetivo hacia los pasivos financieros netos del sector público (PSNFL, por su sigla en inglés), que incluyen activos financieros con una relativa falta de liquidez, como la deuda estudiantil. Pero también debe tener en cuenta el patrimonio neto del sector público (PSNW, por su sigla en inglés), que incluye todos los activos. Solo entonces los gobiernos podrán abandonar el hábito de recortar la inversión en las crisis, con la absurda creencia de que esa es la mejor manera de lograr un futuro mejor.
Una tercera posibilidad para el Partido Laborista es volver a pensar en los impuestos. A pesar de las promesas hechas de no incrementar las tasas, hay cosas que el gobierno de Reino Unido puede realizar sin hacer que el sistema tributario se convierta en un desastre todavía más grande de lo que ya es. Por desgracia, la posibilidad de que termine haciendo eso es una de las razones por las que esas promesas fueron imprudentes.
Fundamentalmente, lo que el gobierno haga debe enmarcarse en el contexto de una reforma del sistema fiscal a largo plazo. En la edición de Financial Times del 6 de agosto de 2014, Nicholas (Lord) Stern, antiguo director del Government Economic Service (Servicio Económico del Gobierno), expuso cuáles pueden ser los principios y la implementación de una reforma de ese tipo.
Los principios generales que expuso fueron ampliar la base fiscal y concentrar los nuevos impuestos en los “malos”. Hay que añadir que la “progresividad” del sistema depende de las decisiones generales del gobierno en materia de impuestos y gastos, no de cada una de ellas de manera aislada.
Una de las sugerencias de Stern fue aplicar el impuesto al valor agregado a la tasa estándar a una gama más amplia de bienes, incluidos los alimentos y la energía. Esto tiene mucho sentido, siempre que se evalúe en el contexto más amplio señalado anteriormente. Otra fue gravar el valor agregado en las finanzas, que en gran medida están exentas del IVA.
Por desgracia, ambas ideas pueden considerarse una violación de las promesas del Partido Laborista. Las otras dos no lo son. El gobierno puede, por ejemplo, reemplazar el impuesto sobre los combustibles con la combinación de tasas de congestionamiento a escala nacional e impuestos al carbono.
Además, como he argumentado antes, los impuestos a la propiedad deben reformarse y ampliarse. Una posibilidad inmediata es hacer que el gravamen municipal sea más progresivo y actualizar las valoraciones en las que se basa a partir de su anticuada base de 1991. Esto debe formar parte de cambios más amplios en los impuestos a las tierras y las finanzas de los gobiernos locales.
Por tanto, hay opciones incluso dentro de las restricciones que el gobierno británico se impuso a sí mismo. Sin embargo, fueron un gran error. Una mayoría más pequeña con un conjunto de promesas menos restrictivas habría sido mejor para el país y el gobierno.
Sin duda, no cumplir con sus compromisos será algo malo, pero no mejorar la situación del país puede ser aún peor. El gobierno de Reino Unido no debe presidir más años de fracaso. La timidez, por tanto, es posiblemente la estrategia más peligrosa de todas. Incluso si eso significa de cierta manera estirar un poco sus promesas, Rachel Reeves tiene que atreverse a correr algunos riesgos.