Ante la falta de nombramientos de comisionados por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpuso una controversial constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por estas omisiones.
En la XVII Sesión Ordinaria celebrada el pasado 17 de agosto, el Pleno del IFT avaló por unanimidad la propuesta del comisionado presidente por suplencia, Javier Juárez Mojica, de entablar dicho juicio que fue presentado hoy ante el máximo tribunal del país.
- Te recomendamos Zonas inaccesibles, reto permanente en materia de conectividad: IFT Negocios
De acuerdo a los procesos internos de selección de comisionados del IFT, previsto en el artículo 28 constitucional, se establece que el Poder Ejecutivo federal debe elegir a los candidatos de una lista enviada por el Comité de Evaluación (integrado por el Inegi y el Banco de México).
Fue entre 2020 y 2021 cuando se realizaron las evaluaciones exclusivas a mujeres para ocupar las tres vacantes actuales dentro del órgano regulador, el cual por disposición constitucional debe estar integrado por siete comisionados; sin embargo, por omisión del propio presidente de México esta situación no reporta ningún avance respecto al tema.
Estancamiento
En diciembre del 2020, el titular del Ejecutivo federal sometió a ratificación del Senado de la República la designación de dos comisionadas del IFT, por el periodo de nueve años, contados a partir del primero de marzo de 2020 y del primer de marzo de 2021.
Sin embargo, las designaciones fueron rechazadas por el Senado y hasta ahora el titular del Poder ejecutivo no ha enviado una nueva propuesta a partir de la lista de aspirantes que le hizo llegar en su oportunidad el Comité de Evaluación, tal y como lo marca el artículo 28 constitucional.
Ante la falta de selección y envío al Senado de las propuestas de candidatas para ser ratificadas, el Pleno ha estado trabajando con solo cuatro de los siete integrantes que lo deben conformar.
Carencia de comisionados
Para el IFT, el “silencio” del Poder Ejecutivo incide directamente en el ámbito competencial de este órgano regulador al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas por la Constitución y por las leyes.
Lo anterior, afecta la autonomía que le otorgó la Constitución y le impide ejercer a través de su órgano máximo de gobierno, el Pleno, todas y cada una de las atribuciones que le son encomendadas por la Constitución Federal y por las leyes, sostiene el propio IFT.
También se considera que al estar integrado actualmente el Pleno del IFT sólo por hombres, se transgrede el mandato constitucional de paridad de género previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Resulta indispensable que el IFT cuente con un Pleno conformado por siete Comisionados y bajo un principio de paridad de género, además de poder ejercer la totalidad de sus atribuciones constitucionales y las establecidas en las leyes”, resaltó el IFT.
“El IFT manifiesta su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre conforme a su mandato constitucional para el desarrollo del país y en beneficio de toda la población”, puntualizó el órgano regulador.
AMP