Se prevé que ciudadanos de 65 años y más se duplique, pasando de de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050, por lo que el costo para el erario de otorgar una pensión no contributiva a todas las personas de ese rango de edad ascenderá a 2.08 billones de pesos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
- Tal monto es 138.5 por ciento mayor, en términos reales, al costo estimado para 2025, de 417.4 mil millones de pesos.
Ante tal panorama, señaló que las políticas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para incrementar las pensiones de los trabajadores mexicanos, así como garantizar una pensión no contributiva a todas las personas de 65 años o más, tienen implicaciones fiscales y económicas.
Explicó que surge un inconveniente en la iniciativa en la que se podría modificar el artículo 123 para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para poder asegurar que los trabajadores cuyo último salario sea inferior a 16 mil 778.8 pesos, reciban una pensión equivalente a 100 por ciento de este salario y aplica tanto a empleados del sector privado que empezaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir de julio de 1997, como a funcionarios que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007.
Señaló que el problema es que este fondo se financiará “mediante ingresos no recurrentes”, generados una única vez por el Estado, como recursos provenientes de la eliminación de órganos autónomos o la extinción de fideicomisos del poder Judicial, representado una limitante, ya que, de no recibir recursos constantes y estables, el Fondo sería incapaz de cubrir los nuevos compromisos a largo plazo que adquirirá el Estado en materia de pensiones.
Agregó que estas iniciativas también tendrían implicaciones económicas como el pasivo contingente vinculado al pago de pensiones que asumiría el Estado mexicano y que se presentaría en el momento en el que estas ya constituyan una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal.
Recordó que para este año se asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 1.96 billones de pesos para el pago de pensiones, de los cuales 1.50 billones de pesos corresponden a pensiones contributivas, equivalente a una quinta parte del gasto neto total aprobado o 5.7 por ciento del PIB estimado para ese ejercicio fiscal.
Desde esta perspectiva, un aumento significativo en el gasto en este rubro por parte del gobierno federal tendría consecuencias negativas al reducir aún más el limitado espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública.
“Esto podría incidir de manera adversa en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población”, comentó.
EDD