La estrategia gubernamental de lucha contra la inseguridad resulta “insuficiente” para disuadir a jóvenes mexicanos a ser susceptibles a formar parte de los grupos delincuenciales, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El órgano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que esa iniciativa del Ejecutivo federal ¬—basada en políticas sociales y transferencias de recursos para evitar la ilegalidad— “es un principio acertada, pero parece insuficiente”.
Destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ¬—que ha enlistado a 900 personas hasta ahora y les pagan tres mil 600 pesos mensuales— y las becas que han sustituido al programa de transferencias condicionadas (Progresa, Oportunidades, Prospera) con una cuota de mil 600 pesos bimestrales a becarios.
“(Pero) es difícil que esas transferencias eliminen el incentivo de los jóvenes a unirse a grupos delincuenciales que ofrecen contraprestaciones mucho más elevadas”, afirmó en su reporte semanal.
Asimismo, consideró que lo deseable y lo correcto es complementar los programas sociales con el uso legítimo de la fuerza pública en la lucha contra el crimen, al tiempo que reconoció que el problema de inseguridad ha escalado a niveles históricos.
“Dicho fenómeno genera incertidumbre y costos para el funcionamiento de las empresas establecidas, y para la instalación de nuevos negocios. Se inhibe la inversión, la competitividad, la creación de empleos y crecimiento del país”.
El CEESP manifestó que diversos organismos internacionales ubican a México como un país con altos niveles de inseguridad y es uno de los principales factores que pueden limitar su crecimiento económico.
La edición 2019 del Global Peace Indicator (GPI), elaborado por el Institute for Economics & Peace, refiere que México ocupó el lugar 140 —de un universo de 163 países— como uno de los más violentos en el mundo e incluso se mantiene en el mismo sitio que un año antes.
Por ello, el organismo del sector privado insistió en la necesidad y urgencias de adoptar políticas públicas efectivas que lleven a la disminución y erradicación de los problemas de inseguridad en el país.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran como el número de delitos aumentó durante los primeros siete meses del año, cuando éstos ascendieron a un millón 178 mil 600, es decir, un alza de 5.4 por ciento respecto a igual lapso del año pasado.
“Erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de derecho debe ser un objetivo inmediato, ya que la seguridad pública y el Estado de derecho es objetivo prioritario de cualquier estado democrático legítimo”, añadió el CEESP.
MRA