La inversión pública en Tamaulipas presentó una reducción de 437 pesos por habitante en los últimos dos años, de acuerdo a la evaluación hecha por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Tan solo entre 2019 y 2020 el recurso a obra cayó 14 por ciento, lo cual se tradujo en 976 pesos por persona, pese a un tope que se alcanzó en el 2018.
Dicho organismo privado dio a conocer el informe estatal de ejercicio de gastos, con datos de las cuentas públicas de los poderes ejecutivos estatales e informes trimestrales. La entidad aportó 3 mil 422 millones de pesos, esto tanto con presupuesto único además de todo el paquete económico destinado por el gobierno federal, sin embargo, fue menor.
Lo anterior, la ubicó entre las entidades donde cayó el monto de inversión entre un año y otro. En total fueron 19 y Tamaulipas se colocó como la séptima con un recorte bajo, cifra que encabezó Puebla con un 72 por ciento menos, mientras que Baja California quedó tablas. Yucatán se convirtió en la región con mayor aumento, en casi 9 mil 800 por ciento.
Un desplome evidenciado
De esta manera, el gasto per cápita por habitante en cuanto a proyectos de infraestructura con recursos públicos establecidos en el estado se redujo de mil 413 pesos del 2018 a $976 en el 2020. Contrasta con Campeche que llegó a mil 900 pesos por ciudadano; caso contrario fue Puebla con $70 por habitante.
“Se puede afirmar que en los últimos 6 años, la inversión que han realizado los poderes ejecutivos estatales se encuentra estancada. En promedio, solo el 4.9 por ciento del gasto total de los estados se ha destinado a la inversión pública. Además, en el último año las 32 entidades federativas tan solo dedicaron 3.9 por ciento de su gasto total a la inversión pública (89 mil 386 mdp)”, expuso el Imco.
Para eso, propone transitar de un modelo de inversión pública federal centrado en los hidrocarburos hacia un modelo de inversión en manufacturas e infraestructura de las ciudades, centrar las carteras de inversión estatal en infraestructura social y urbana, restituir el Fondo Metropolitano y triplicar los recursos públicos al Programa de Mejoramiento Urbano y revisar la distribución de recursos del gobierno federal hacia las entidades.