En México, el sistema de Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas, aquellas con capacidad jurídica para realizar actividades económicas, como trabajar, vender productos o prestar servicios profesionales, se caracteriza por una carga relativamente baja sobre los ingresos laborales, pero también por una estructura con apoyos limitados y pocas transferencias directas a los contribuyentes.
De acuerdo con el informe Taxing Wages 2026, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el esquema fiscal mexicano establece que cada persona debe tributar de manera individual, sin considerar un sistema conjunto por familia o por estado civil.
El organismo destacó que durante 2025, los trabajadores en México pagaron en promedio 21.7 por ciento de su salario en ISR y contribuciones a la seguridad social del empleado, la cuarta tasa impositiva personal promedio más baja de los 38 países de la OCDE, esto cuando el promedio fue de 35.1 por ciento el año pasado.
Además, a diferencia de otros países, en México no existen impuestos sobre la renta a nivel estatal o local, lo que centraliza la recaudación en el gobierno federal.
Uno de los elementos más visibles del sistema son los beneficios fiscales estándar, entre los que destaca el aguinaldo. La legislación laboral establece un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario. Este ingreso cuenta con una exención fiscal, que puede llegar hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del caso.
Sin embargo, fuera de estos beneficios básicos, el sistema ofrece deducciones personales que están sujetas a límites estrictos. Estas deducciones permiten reducir la base gravable, pero su alcance es acotado.
Entre las principales deducciones disponibles se encuentran:
- Gastos médicos, incluyendo consultas, servicios dentales, psicológicos, nutricionales y hospitalarios, siempre que se cumplan ciertos requisitos familiares.
- Gastos funerarios para familiares directos, con un límite de hasta una UMA anual.
- Donativos a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro dedicadas a actividades sociales, educativas o de investigación.
- Aportaciones a cuentas de retiro, siempre que no superen 10 por ciento del ingreso o ciertos montos establecidos.
- Primas de seguros de salud para el contribuyente y su familia.
- Intereses reales pagados por créditos hipotecarios, siempre que el valor del inmueble no supere un límite definido.
- Gastos educativos, como colegiaturas, para el contribuyente o sus dependientes.
- Depósitos en cuentas de ahorro especiales y planes de inversión, con montos máximos establecidos.
La OCDE precisó que pesar de esta variedad, existe un tope general para las deducciones personales: el menor entre 15 por ciento de los ingresos del contribuyente o un monto equivalente a cinco UMA anuales, alrededor de 206 mil pesos en 2025. Este límite restringe el beneficio real para muchos contribuyentes.
En el caso de los trabajadores con menores ingresos, el sistema contempla un subsidio al empleo.
En 2025, este apoyo aumentó a 13.8 de la UMA mensual y aplica para quienes tienen ingresos de hasta 10 mil 171 pesos al mes.
Sin embargo, el organismo refirió que el diseño del subsidio tiene una limitación importante: si el monto del apoyo es mayor que el impuesto a pagar, la diferencia no se devuelve ni se transfiere al trabajador.
En materia de seguridad social, tanto trabajadores como empleadores están obligados a realizar aportaciones. Estas contribuciones financian seguros como enfermedad y maternidad, invalidez y vida, guarderías, servicios sociales y riesgos de trabajo. Para su cálculo, se utiliza como referencia el salario del trabajador con un tope de 25 UMA.
Desde una perspectiva estructural, el sistema de pensiones en México cambió de forma significativa a partir de 1997, cuando se pasó de un esquema de reparto a uno basado en cuentas individuales administradas por entidades financieras. Aunque estas cuentas son gestionadas por el sector privado, siguen siendo consideradas parte de la seguridad social, y el gobierno federal contribuye a ellas y garantiza una pensión mínima.
Otro rasgo relevante del sistema es la ausencia de transferencias universales en efectivo en México, pues en el país no existen apoyos fiscales generalizados por estado civil ni por número de hijos, lo que lo diferencia de otros modelos donde estos mecanismos buscan apoyar directamente el ingreso de los hogares.
MVDJ