Los legisladores no tienen interés por reducir el costo por el uso del espectro radioeléctrico en México, que según los especialistas es uno de los mayores retos para reducir la brecha digital.
Las compañías operadoras de telecomunicaciones pagan una tarifa al gobierno por usar el espacio de banda en el espectro radioeléctrico para la transmisión y de datos, información y prestación de servicios; sin embargo, de acuerdo con diferentes comparaciones internacionales esta tarifa es de las más caras del mundo, por lo que los jugadores de la industria de telecomunicaciones buscan que los costos y el país sean más competitivo
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Al cierre de 2021, con los incrementos anuales, el espectro alcanzó un costo superior a 213 mil millones de pesos, cuando en el resto del mundo es en promedio de 116 mil millones de pesos, lo que pone a México como la nación en América Latina más cara para operadores de telecomunicaciones, de acuerdo con datos de la consultora The CIU y la Asociación Global de Ecosistema Móvil (GSMA, por su sigla en inglés).
"La determinación de las tarifas depende del congreso, pero según los especialistas la realidad es que en el poder Legislativo no hay mucha apertura, no son receptivos a estos temas y eso claramente puede pasar factura a la industria”, comentó Michel Hernández, director general del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel).
Michel señaló que a pesar de que son varios los senadores y diputados que “levantaran la mano” para discutir sobre los altos cobros que tiene el sector.
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MILENIO buscó las posturas de los senadores como Alejandro Armenta Mier, senador de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda y de José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; quienes se limitaron a contestar “nadie creo que lo maneje, es muy técnico. Porque tiene que ver con las diferentes bandas de frecuencia”.
En México, el costo total del espectro para las compañías se compone de pagos iniciales y cobros por adelantado (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones) y tasas o cargos anuales; los cuales todos los operadores que tengan entre sus facultades la explotación comercial de alguna de las bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico.
Lo anterior, sustentado bajo la Ley Federal de Derechos (LFD) que están en discusión y Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obliga a la empresa a que año con año todos los operadores de telecomunicaciones en el país realicen sus pagos y en caso de que se llegue a vencimientos, la renovación anticipada de contratos para poder seguir explotando el insumo.
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Como consecuencia de los impactos negativos al sector, en octubre de 2021 cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a cabo la licitación IFT-10 para la asignación de 41 bloques de espectro para servicios de telefonía e internet móviles disponibles en las bandas de 800 MHz, AWS, PCS y de 2.5 GHz; 38 bloques quedaron desiertos.
En esta licitación, los operadores Telcel y AT&T además de ser los únicos participantes, se les asignaron un bloque en la banda de 2.5 GHz, el bloque de 800 MHz para las regiones celulares 1 a 4 y otro para la Zona Metropolitana del Valle de México; dejando desiertos los bloques completos en AWS y 1900 MHz.
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“Gracias a los precios tan altos que tenemos, en México ya se fue un operador que administraba infraestructura que fue Movistar. Decidió devolver todo el espectro radioeléctrico que tenía, deshacerse de todas sus torres y decidió ser prácticamente un Operador Móvil Virtual”, comentó Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group.
KL