La complejidad que implica la transición de reforma a la subcontratación pone en riesgo la operación de las compañías, sobre todo las pequeñas y medianas empresas (pymes), señaló Nora Flores, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (Icpnl).
Por ello no descartó que puedan darse amparos contra los plazos que dio la autoridad para que las empresas acaten las nuevas reglas.
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Mencionó que la alta cantidad de procesos a realizar por parte de las empresas ante las diferentes instituciones, además de la complejidad que implica la transición se verá reflejada también en el nivel de servicio de las instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Infonavit, ante la probable alta demanda y la homologación de criterios a nivel nacional.
“Llama la atención que el plazo considerado para prohibir el esquema de subcontratación en el sector gobierno sea hasta el 1 de enero del próximo año, en contraste con el plazo indicado al sector privado de 90 días posteriores a la publicación de reglas por parte de la STPS. Este factor marca una distinción considerable que puede llevar a muchas empresas a tramitar el amparo, situación que complicará más este periodo de transición”, añadió.
La especialista indicó que la complejidad de esta reforma radica desde la definición de lo que es “subcontratación de personal” y “servicio especializado”, o bien “ejecución de obra especializada” en términos de la Ley Federal del Trabajo, y señaló que su ambigüedad, ante el universo de casos que existen en el mundo empresarial, pondrá en duda a muchos negocios para reconocerse si son sujetos o no a ella, lo que podría ser contradictorio su razonamiento con el de alguna de las autoridades involucradas.
Mencionó que la variedad de aristas que tiene esta reforma obligará a que las empresas sujetas a ella a evaluar las implicaciones desde las perspectivas: laboral, fiscal, seguridad social, carga administrativa, modelo de negocio y sobre todo financiera.
Para la especialista, algunos grupos empresariales optarán por aplicar reestructuras corporativas como solución, es decir, fusiones o escisiones, lo que llevará a requerir el presentar trámites ante el SAT y demandar el uso de citas, un tema que sigue sin solucionarse del todo.