Matemática y abogada, fórmula para aumentar la recaudación

En agosto de 2017 Luis Videgaray pronunció en Palacio Nacional un encendido elogio a la secretaría de Hacienda, “mi casa, mi primer empleo”, ante símbolos de la tecnocracia neoliberal como Pedro Aspe, Agustín Carstens y José Antonio Meade. “Es una institución con un profundo impacto social que determina la vida de millones. Es como pilotear un F18: Puedes hacer piruetas, disparar, hacer muchas cosas. Ocupar este despacho es extraordinario por lo que puedes hacer y porque estás rodeado de los mejores profesionales”.

La escena describe los estertores de Hacienda como la crema y la nata del poder, una institución todo terrena que controlaba de la compra de un tornillo a la definición de las políticas públicas. A ese círculo dorado pertenecía la oficina federal de recaudación de impuestos, centro de operaciones de un sistema de picaporte en el que convivían altos funcionarios, dueños de empresas y los despachos que promovían peticiones de condonación de impuestos, al mismo tiempo que recomendaban a sus clientes operaciones de evasión y defraudación fiscal.

Entre 2007 y 2018 los gobiernos de Calderón y Peña condonaron 400 mil 902 millones de pesos actualizados en impuestos, una cantidad suficiente para siete presupuestos de la Guardia Nacional. El diablo apareció en un detalle: 54 por ciento de lo perdonado se concentró en 108 grandes empresarios. Más de 50 de ellos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Las condonaciones firmadas por Peña dan cuenta del poder que concentró la voluntad presidencial: 87 mil 650 millones el primer año, solo 18 meses después de la campaña de 2012, epicentro de denuncias sobre pago de sobornos de empresas a cambio de contratos.

Dos años después el círculo dorado, las condonaciones y el sistema del picaporte desaparecieron como brazos ejecutores del poder presidencial. En 2019 el SAT recaudó 140 mil millones de pesos más que en 2018 y aumentó la base de contribuyentes .

Entre abril y junio cinco compañías finiquitaron impuestos pendientes o evadidos por 27 mil millones de pesos. El gobierno les dio otra opción: que sus socios enfrentaran la ley fiscal de 2019, que elevó la defraudación a delincuencia organizada y prisión sin derecho a fianza.

Esta transformación pendular del reino de las condonaciones a un asfalto duro donde el empresario y el ciudadano deben cumplir la ley o atenerse a las consecuencias ha sido liderada por dos mujeres: una abogada y una matemática. Esta es la ruta del modelo que aumentó la recaudación sin nuevos impuestos, eliminó las condonaciones y doblegó empresas en el intento de instaurar una cultura de pagos atornillada en la ley.

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Cuando Margarita Ríos Farjat llegó a la oficina principal del Sistema de Administración Tributaria la recibieron los coletazos del sistema del picaporte que se resistía a morir. Lo comprobó al recibir al socio de una empresa y los abogados de uno de los despachos que recomendaban a sus clientes operaciones para eludir impuestos.

Los abogados exigían tasa cero para un producto que no la acreditaba. Acapararon la palabra con largos alegatos y ofrecieron pagar una cuarta parte de los miles de millones reclamados. Citaron 37 amparos y amenazaron con prolongar el asunto por años.

“Me encanta litigar, es mi formación”, les respondió la jefa del SAT. Les dijo que le preocupaba el engaño jurídico porque llevaría a la empresa a perder más dinero por asesorías irreales y sin soporte constitucional. Tras un silencio el empresario dijo: “Nos vamos a arreglar. ¿Cómo le hacemos?” En una semana pagó sus adeudos.

Ríos Farjat denunció estas estrategias de los asesores fiscales y los llamó a ser éticos. Los empresarios, dijo en distintas conferencias, pagaban un costo alto al creer que eran víctimas de persecución fiscal, cuando en realidad enfrentaban las consecuencias de asesorías irregulares que quizá ni recordaban. Así inició una estrategia de largo alcance para fiscalizar distinto a los grandes contribuyentes.

Un detalle ilustra la profundidad de los intereses enquistados en el fisco: La Oficialía de partes de Aduanas, uno de los principales reductos de corrupción, estaba refundida en el último módulo al fondo, y los abogados y asesores de las empresas recorrían las ins-talaciones y tenían acceso a los funcionarios a cargo de auditorías y cobro de impues-tos. Ríos Farjat canceló los accesos, pero recibía a los contribuyentes convencida de que la autoridad tiene dos caras: dura para el evasor y servicial con el cumplido.

En otra ocasión un empresario le dijo: “Vengo de parte del presidente, todas las sema-nas comemos juntos”. Le respondió que le creía, pero que su petición se resolvería con la ley. El visitante se irritó: “No me entiende, el presidente me mandó a resolver esto”. Ella recibió el documento, sonrió y apuntó el aparato rojo que la conecta con el despa-cho principal de Palacio Nacional: “Lo entiendo perfecto y por eso le aclaro que este teléfono no va a sonar para pedirme excepciones para nadie. Si así fuera, yo renuncia-ría”. Tiempo después, cuando le contó la anécdota, López Obrador le confirmó: “Lo que diga la ley”.

Una de las investigaciones más prolongadas y exhaustivas involucró a las empresas que emitieron facturas de operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos entre 2015 y 2019. En vista de que no existían datos duros la jefa del SAT ordenó revisarlas una por una y los resultados revelaron una evasión por 354 mil millones. Hizo una lista de 150 empresas que facturaron 282 mil millones y pidió visitar 140 para comprobar que exis-tían. Identificaron cinco. Les retiraron el sello fiscal y sólo una protestó.

El modelo resultó válido en el SAT y también para la Unidad de Inteligencia Financiera, que iniciaron una colaboración sin precedentes. La institución a cargo de Santiago Nie-to seleccionó diez empresas y encontró 135 ramificaciones que comprendían 50 mil millones adicionales.

Al mismo tiempo, entre septiembre y octubre de 2019, la mayoría de Morena en el Con-greso aprobó una nueva ley impulsada por Carlos Romero en la Procuraduría Fiscal de la Federación que elevó a delincuencia organizada la defraudación fiscal y consideró los delitos contra el fisco como una amenaza a la seguridad nacional.

En vista de que la colaboración no tenía bases institucionales y estaba sujeta a volunta-des personales, Ríos Farjat firmó convenios inéditos con la Función Pública, la Audito-ría Superior y la Oficialía Mayor de Hacienda.

El intercambio de inteligencia con la Secretaría de Marina también aumentó. Se nombró al almirante Juan Ramón Alcalá, un marino retirado, como segundo al mando de las aduanas. Aún no se vislumbraba que la Marina las administrara, pero sí para dotar de mayores conocimientos a los marinos, que solían vigilar áreas y procesos aduanales sin importancia.

En esa primera etapa Ríos Farjat se enfrentó al titular de Aduanas, Ricardo Peralta. Lo reprendió en marzo por difundir decisiones no aprobadas y comprometer al SAT al pre-tender instaurar un sistema de importación de hidrocarburos sin autorización de la Pre-sidencia, y esparcir rumores falsos sobre una nueva ley aduanera y la conversión de Aduanas en un órgano desconcentrado.

Dos meses después Peralta dejó el puesto. Ríos Farjat, Ricardo Ahued –segundo jefe de Aduanas–, y el almirante Alcalá decidieron destituciones y nombramientos de adminis-tradores, pero la Secretaría de Hacienda los congeló tres meses. Después de la renuncia de Carlos Urzúa en julio de 2019, pese a amenazas e influencias de primer nivel, Ahued pudo destituir al administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Miramontes, y rea-lizar otros nombramientos junto con Alcalá.

Una pieza clave del sistema de picaporte eran las condonaciones a los grandes empresa-rios. Ríos Farjat detectó que se daba la vuelta a los candados del Código Fiscal y entra-ban por medio de la Ley de Ingresos, facultad del Poder Legislativo. Sugirió elevar la prohibición a la Constitución para evitar que volvieran a entrar disfrazadas por la otra puerta.

Trataba de entender a los empresarios, habituados a una dinámica autoritaria y de in-centivos perversos. Uno le llevó una tesis para demostrarle que las condonaciones eran legales desde el gobierno de Salinas. Al visitarla los empresarios le explicaban las ma-ravillosas obras sociales que emprendían y en algún momento preguntaban: “¿Cuándo viene la próxima condonación?”. Ella les respondía con una sonrisa: “No va a venir”.

A principios de diciembre, cuatro semanas antes de que la nueva ley cobrara vigencia, empresas factureras se acercaron a la oficina de Ríos Farjat y pagaron 2 mil millones de pesos. En diciembre de 2019 Ríos Farjat fue propuesta por el presidente y electa por el Senado Ministra de la Suprema Corte de Justicia.

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A mediados de enero un rumor se esparció con nerviosismo en los despachos fiscales: Raquel Buenrostro –la mano de hierro detrás de las compras de gobierno– había solici-tado las renuncias de los funcionarios en las administraciones a cargo de licitaciones, investigaciones por corrupción y la general de servicios al contribuyente, antes de que el Senado la ratificara como jefa del Sistema de Administración Tributaria.

Buenrostro posee tres virtudes en el mundo obradorista: es leal, implacable al cumplir una orden y desconfiada hasta la médula. Esa fue la razón que la llevó a ordenar los despidos masivos de administradores, directores de área y mandos altos que provenían de los gobiernos de Calderón y Peña.

Es una de las funcionarias más discretas del gobierno, una mujer pequeña y de hábitos frugales. Su vestimenta consiste de blusa, pantalón y zapatos bajos; no lleva joyas ni bolsos de diseñador. En el otro extremo de su personalidad sobresalen las cualidades que el presidente ha exaltado: su carácter de servidora pública eficaz y dura.

“Es dura, pero sabe escuchar”, dice un miembro del gabinete. En 18 meses cumplió dos instrucciones: recortó 200 mil millones de pesos en gastos y plazas de gobierno, y a par-tir de enero, apoyada en el rediseño de las políticas fiscales, obligó a empresas como IBM, America Móvil, Femsa y Walmart a pagar 27 mil millones de pesos.

Al inicio del gobierno Buenrostro concentró en la Oficialía Mayor de Hacienda las compras y las plazas de gobierno. Sin consultar impuso despidos de personal –más de 8 mil en 2019– y convocó a los proveedores cuando la política de austeridad despunta-ba.

Su regla de oro consistía en rechazar los chantajes. Algunas empresas condicionaban determinados productos a la contratación de paquetes de materiales. Otras presentaban costos más inflados que un pez globo.

Para limpiar de trampas el trato con los contratistas planeó un comparativo de precios y condiciones y con el teléfono en la mano hizo una extensa investigación con la ayuda de un equipo novato, pero de toda su confianza.

Llamó a los proveedores para compartirles las nuevas reglas del juego. Les pidió costos detallados por servicio. Canceló las compras en paquete y pidió revisar cada presupues-to. Los conminó a ser honestos y reducir los precios.

El principal conflicto de Buenrostro ha sido la modificación del sistema de distribución de medicamentos. La decisión de retirar a las distribuidoras aumentó las licitaciones desiertas, y los requerimientos rígidos impuestos a las compras anticipadas para que la industria preparara producciones masivas provocaron miles de preguntas de los pro-veedores y las denuncias de desabasto desde el inicio del gobierno.

“Le ganó la inexperiencia. Pensó que era comprar papelería”, dijo un experimentado funcionario del sector salud. Para abaratar las adquisiciones Buenrostro multiplicó las compras consolidadas en instituciones como Hacienda o la Defensa, pero al final, ase-sorada por los expertos en mercadeo y compras del IMSS, rectificó procedimientos por-que los costos se dispararon.

Buenrostro encarna el ideal del servidor público obradorista: es leal y confiable, prácti-ca y eficaz en la ejecución de órdenes, y ha sabido adaptarse a las instrucciones de des-aparecer o modificar programas institucionales pese a los costos económicos, políticos o sociales de modificar estructuras para avanzar en la transformación del país.

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A finales de 2019 la mayoría de Morena aprobó la ley que elevó el fraude fiscal a delin-cuencia organizada. Buenrostro tenía las armas pero aún faltaba una pieza del rompeca-bezas: ubicar a las empresas y demostrar los fraudes.

Licenciada en matemáticas por la UNAM, la jefa del SAT trazó un plan apoyada en teo-rías, métodos y cálculos de análisis numéricos. Dividió a las industrias e investigó las cargas fiscales y el cumplimiento por sector en México y otros países.

La carga fiscal de la industria farmacéutica era de 7.5% en otros países y en México se pagaba 2%. Separó los sectores que desde julio de 2019 Ríos Farjat había presentado al secretario de Hacienda y encontró operaciones recurrentes. Ordenó auditorías expeditas y rastreó las archivadas en el gobierno de Peña: Citaban las operaciones irregulares. Su conclusión es que una decisión política las puso a dormir.

En marzo anunció un programa de recaudación de grandes contribuyentes en las indus-trias del acero, alimentos, automotriz, energético, farmacéutico, financiero, minero e hidrocarburos, que presentaban las mayores irregularidades. En paralelo, la Procuradu-ría Fiscal integró carpetas de investigación bajo acusaciones de delincuencia organiza-da.

Uno de los despachos fiscales rechazó pagar y ofreció 500 millones de pesos para sal-dar un adeudo de 8 mil millones. Otros dijeron que nunca habían pagado impuestos. El más radical mostró disposición para irse a un juicio de treinta años.

Buenrostro les presentó las auditorías consolidadas y las pruebas de la defraudación fiscal. Podían pagar o enfrentar la ley. Entonces los empresarios aceptaron pagar en me-nos de cuarenta minutos.

En junio Buenrostro se metió de lleno a otra misión: aumentar la recaudación fiscal con una limpieza a fondo de la Administración de Aduanas. Desde que llegó al SAT en fe-brero no tuvo una sola reunión con Ahued, cuyas oficinas olían a humedad.

Las irregularidades y la falta de coordinación detectadas desde la gestión de Peralta trastocaron las órdenes de barrer la corrupción. “Son intereses enquistados de mucho tiempo atrás, se repartían las aduanas de acuerdo a intereses políticos”, dijo el presiden-te en la conferencia del 13 de julio.

Después de los nombramientos fallidos de Peralta y Ahued, el presidente designó titular de Aduanas a Horacio Duarte, uno de sus hombres de más confianza.

En estos días, uno por uno los administradores desfilan para escuchar tres reglas rotun-das: No se investigará el pasado; podrán permanecer en el puesto y conservar su salario si reportan cada peso en sus ingresos, y quien cometa un delito será investigado y lleva-do a juicio.