Luego de que ONG's afirman que la Comisión Europea, que negocia los acuerdos comerciales entre los países miembros de la Unión Europea y el Mercosur, se desentendió de su obligación legal de garantizar de que el acuerdo no provocaría daños sociales, económicos o ambientales, un organismo supervisor independiente inició una investigación del acuerdo comercial.
La Comisión Europea, negocia los acuerdos comerciales en nombre de los países miembros de la Unión Europea, y el Mercosur integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay anunciaron en junio que habían cerrado un acuerdo exactamente dos décadas después de iniciar las negociaciones.
Los firmantes declararon que el pacto integraría un mercado de 800 millones de personas, eliminaría los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones europeas, mitigaría los controles fronterizos, reduciría la burocracia y fortalecería los lazos políticos y culturales.
Pero un grupo de ONG sostiene que la comisión, que se enorgullece de colocar el ambiente en el centro de sus medidas y de cumplir un papel líder en las negociaciones sobre el cambio climático, se desentendió de su obligación legal de garantizar de que el acuerdo no provocaría daños sociales, económicos o ambientales ni provocaría abusos de los derechos humanos.
“He resuelto iniciar una investigación de esta denuncia para examinar las inquietudes expresadas”, dijo la defensora del pueblo Emily O'Reilly a la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen en una carta.
Los grupos —ClientEarth, Fern, Instituto Veblen, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme y la Federación Internacional para los Derechos Humanos— sostienen que la comisión de la UE firmó el acuerdo sin evaluar cabalmente los daños que pudiera provocar.
La comisión publicó un “borrador de Evaluación del impacto de sustentabilidad” de la parte comercial del acuerdo en su sitio web el miércoles, más de un año después del anuncio del pacto.
“Queremos que la comisión explique en qué medida esta evaluación de vital importancia ambiental afectó las decisiones de la comisión durante las negociaciones”, dijo la abogada de ClientEarth en materia comercial y ambiental Amandine Van Den Berghe en un comunicado.
O’Reilly dijo que según las ONG, el informe provisional “no toma en cuenta la información más reciente disponible” y que se lo debería haber dado a conocer cuando se realizaron las consultas públicas sobre el acuerdo.
Pidió a von der Leyen que responda a las denuncias dentro de tres meses.
MRA