Ante la falta de un programa de subsidio para la adquisición de viviendas, en México hay alrededor de 96 mil sin comercializar, junto con empresas en riesgo latente de cerrar.
Gonzalo Méndez, presidente nacional de la CANADEVI espera que el nuevo esquema que trabajan en conjunto con empresarios pueda resolver este conflicto, de lo contrario la industria de desarrollo de vivienda del país pudiera derrumbarse.
¿Cómo se visualiza la industria de la vivienda de frente a la Cuarta Transformación?
Con muchos retos, estamos interesados en colaborar con el gobierno federal y juntos lograremos hacer cambios interesantes en el beneficio de la población.
¿Cómo lograr este equilibrio?
Esta es una labor que se debe desarrollar en conjunto con la autoridad y la iniciativa privada desde la CANADEVI. Dentro del esquema de recursos, hay un apartado para desarrollar viviendas sustentables y en armonía con el medio ambiente.
¿Cómo ha impactado al sector de la vivienda en México la cancelación de los subsidios por parte del gobierno federal?
Este es un tema que está pendiente y que se trabaja con el gobierno federal. Ha puesto a la industria en una situación complicada. Sabemos que desde noviembre no ha habido subsidio, entonces los derechohabientes de la economía formal que ganan entre 1 y 2.8 UMAS (Unidad de Medida y Actualización equivalente a 84.49 pesos diarios, mensual 2 mil 568.50 pesos y anual de 30 mil 822 pesos), ya no tienen este beneficio por lo que hacemos lo posible por una solución adecuada.
¿Han tenido alguna respuesta ya por parte del Infonavit al respecto?
Trabajamos en los incrementos de montos máximos de crédito para los trabajadores que ganan entre 1 y 2.8 UMAS. Este programa no dependerá de presupuestos federales sino que, saldrá directamente como un proyecto institucional del Infonavit y se planteará en el próximo consejo de mayo para su autorización, poniéndose en marcha a partir del mes de junio.
¿Cómo se percibe esta situación tras la cancelación de los subsidios federales para adquisición de vivienda?
Hoy, el problema si es delicado, hay 28 mil viviendas y 28 mil familias mexicanas que no han podido atender su solicitud. Adicionalmente en el Registro Único de Vivienda (RUV), hay otras 68 mil, en total son 96 mil que servirían para atender las necesidades de estas familias, pero no hay un mecanismo financiero para apoyarlas.
Anudando esto, trabajamos con el gobierno mexicano, un esquema de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), para armar una herramienta que ayude a los trabajadores no afiliados que ganan entre 1 y 5 UMAS, entre ellos están los taxistas, propineros, meseros, tianguistas, empleados municipales y estatales, de ser posible, se dará a conocer en este mes.
¿Cuál ha sido el impacto directo que han sufrido las empresas constructoras frente a esta situación?
Ha sido importante, ya que el registro de nuevos proyectos comparados entre el primer bimestre del 2018 frente al del 2019, se tiene un incremento de 30% de la vivienda registrada como toda la vivienda que tendrá salida por medio de Infonavit y Fovissste o bancos.
De 100% de la vivienda que se ha desarrollado nueva o usada, casi 30% tenía salida por medio del subsidio, por lo que toda esa gente tenía un mecanismo para hacerse de su patrimonio, hoy no lo tiene. Por lo pronto no ha habido cierre de empresas pero si hay negocios lastimados, algunos están haciendo reestructuración con bancos, con la SHF. Si no se resuelve pronto, el panorama será aún más difícil.