El gobierno federal aseguró que México avanza en la creación e implementación de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable, especialmente en temas como derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o afectados en el contexto de actividades empresariales.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, refirió que se trabaja en promover la armonización en el marco normativo que regula las acciones empresariales públicas, privadas y mixtas conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos,
Durante el lanzamiento del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Estudio de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable: México”, añadió que en el gobierno federal también se trabaja en establecer mecanismos de prevención, evaluación y reparación integral para atender los impactos negativos en la salud, producidos por la actividad empresarial pública y privada, con la participación de las personas y comunidades afectadas.
Dijo que el documento de la OCDE será un importante punto de referencia para trabajar en favor de las prácticas empresariales que prevengan y vigilen los impactos adversos de las actividades cadenas de suministro o relaciones comerciales que pueden causar o contribuir a causar sobre las personas y la sociedad.
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Irazoque indicó que, con base en el estudio, se observó que la construcción de un entorno normativo propicio para impulsar, apoyar y promover prácticas empresariales responsables en México se puede lograr concretamente a través de dos orientaciones; la primera, al regular la conducta empresarial mediante legislaciones, reglamentos y políticas adecuadas que garanticen el cumplimiento.
La segunda, abundó, al incentivar la observación de los principios y estándares de conducta empresarial responsable por parte de las empresas o miembros del Estado mexicano, poniendo el ejemplo como actor económico o incluyendo consideraciones de conducta empresarial responsable en otras áreas de política pública relevantes como el área de planeación sobre empresas y derechos humanos.
Por su parte, la coordinadora de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Ana Paula Lavalle, resaltó que México aún enfrenta retos muy importantes en materia de derechos humanos vinculados con la actividad empresarial.
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Explicó que si bien algunas empresas en México han dirigido sus esfuerzos en combatir los efectos adversos de las actividades empresariales en los derechos humanos, hay un área de oportunidad para mejorar su desempeño en diversos campos relevantes para la comunidad internacional responsable, particularmente, en materia de igualdad de género, transparencia y combate a la corrupción, libertad de prensa y Estado de derecho.
Ante este escenario, Lavalle manifestó que la debida diligencia en el riesgo de afectaciones que sus actividades conllevan es crucial para evitar y responder a efectos adversos y para que las empresas rindan cuentas sobre la forma en que dichos impactos son atendidos.
En tanto, la titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global, de la Secretaría de Economía, Mónica Duhem Delgado, indicó que México es el país número uno en atracción de Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica, por lo que se tiene que asegurar que se está atrayendo Inversión Extranjera Directa que esté conforme con los derechos humanos y asegurando un desarrollo sostenible.
“Es necesario la creación de capacidades, es necesario que como punto nacional de contacto, seamos un vocero y capacitemos tanto a las empresas, sobre cuáles son los lineamientos, las mejores prácticas y los objetivos que tenemos que alcanzar”, aseguró la representante de Economía.
IM