El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) advirtió que dada la situación actual de la economía nacional y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización de empresas para estar cerca del mercado estadunidense, mejor conocida como nearshoring, representa la mejor oportunidad, si no es que la única, para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población.
En su análisis semanal, el Ceesp indicó que para que el país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones propicias para el florecimiento orgánico de la inversión.
Además, y muy importante, añadió, hay que aprovechar la oportunidad para que la relocalización de empresas incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación.
Asimismo, el Ceesp sugirió formas en las que el sector privado puede colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que se avizoran pues, obviamente, la materialización de la gran oportunidad de la relocalización inicia con la concreción efectiva de las inversiones, pero un elemento necesario para ello es la actitud del gobierno ante los inversionistas potenciales.
Situación económica
Señaló que esto se da en un contexto en el que en la economía real se observa que la recuperación del producto interno bruto (PIB) es particularmente lenta, pues el PIB de 2022 aún está por debajo del de 2018 y su recuperación ha sido más lenta que prácticamente en todas las economías emergentes de tamaño comparable. En términos per cápita, el PIB está 5 por ciento por debajo de su nivel de 2018.
En tanto, la inversión, el motor que impulsa el PIB de forma sostenible, en 2022 fue menor en más de 8 por ciento a la de 2018; además, hasta ahora, los resultados en términos de bienestar social han sido negativos: menor cobertura y calidad de los servicios de salud, más pobreza, menos calidad de la educación y mayor inseguridad pública, entre muchas otras deficiencias.
A esto se suma, agregó el centro de estudios, que todo ello ha sido acompañado de un daño infringido a numerosas e importantes instituciones del Estado, cuyo valor es el de su autonomía y el contrapeso a las políticas públicas, y de numerosas medidas y posiciones y acciones de la administración que violentan los acuerdos con nuestros principales países socios y, así como la certidumbre y la seguridad jurídica de las inversiones nacionales y extranjeras.
Más aún, aseveró, las presiones fiscales se han acumulado al agotarse los recursos precautorios del erario, con el alto nivel de gasto principalmente dedicado a transferencias incondicionadas, con proyectos de inversión y rescates a líneas de actividad de empresas públicas sin rendimientos sociales claros.