La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alzó la voz para hacer una última llamada y exigir al gobierno federal la implementación de una reforma en materia de seguridad pública.
Desde el punto de vista de la cúpula empresarial, la violencia y el crimen han llegado a niveles nunca vistos, por lo que no se puede esperar a que termine la contienda electoral y tome posesión un nuevo gobierno.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, destacó que la actual administración debe tener un “cierre de atleta”, ya que en la carrera de la seguridad si pierde el gobierno, perdemos todos.
“Hacemos un llamado para que la presente administración dé inicio a la reforma en seguridad pública lo más pronto posible; el tiempo se le acaba a este gobierno, y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada”, advirtió el representante patronal.
De Hoyos resaltó que la violencia y el crimen se han desatado; solo el mes pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, 25 por ciento más que el año pasado, mientras que el robo de combustible creció 34 por ciento en marzo, el mayor nivel desde que se tiene registro de este delito.
“En el primer trimestre del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías, un incremento de 581 por ciento; el robo de mercancías se ha detonado, pues de enero a marzo se registraron 3 mil 357 robos de este tipo, 108 por ciento más que en 2016 y 65 por ciento más que en 2017”, aseguró.
Impunidad, el problema
Para el Consejo Coordinador Empresarial, los altos niveles de inseguridad y violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva del país, por lo que la impunidad con la actúan los criminales y la omisión de las autoridades son actos inaceptables.
En su mensaje semanal, Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial, señaló que no puede existir una economía próspera si no se respeta la ley ni se protege la seguridad de los ciudadanos, y sobre todo sus derechos.
“Exigimos que se aplique la ley sin excepción y sin ningún pretexto a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos; la ley no se cumplirá mágicamente en nuestro país, necesitamos medidas concretas y efectivas para lograrlo”, resaltó.
El representante del CCE indicó que la inseguridad se traduce en pérdida de empleos en las comunidades mexicanas y una peor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales.
Recordó que hace dos meses Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero por el asedio del crimen organizado; mientras que la semana pasada Grupo Lala cerró en Tamaulipas por razones similares, lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados.
“Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, aseveró.
Agregó que se tiene que avanzar sin mayor dilación, en la implementación de una fiscalía general autónoma y en la formación de ministerios públicos independientes. “La impunidad en la que quedan más de 95 por ciento de los delitos que se cometen en el país es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”.
“Es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, pero también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa; México necesita establecer un estado de derecho que nos permita recuperar la paz”, destacó Castañón.
Pan American Silver
Tras una serie de incidentes en materia de seguridad a lo largo de los caminos que llevan a la mina Dolores en Chihuahua, municipio de Madera, la minera canadiense Pan American Silver Corp anunció que reducirá sus actividades.
La firma dio a conocer que trabaja con las autoridades federales y estatales para proveer accesos seguros hacia la mina. Michael Steinman, presidente de la empresa, comentó que la prioridad es la seguridad del personal, por lo que monitorean los accidentes y por los recientes sucesos que ocurrieron a lo largo de los caminos, la empresa determinó suspender el tránsito desde o hacia la mina.
La compañía informó que mantendrá al personal localizado en la mina con los niveles necesarios de seguridad y reducirá sus operaciones.
Dolores, una mina a tajo abierto de plata y oro, fue adquirida en 2012 como parte de la adquisición de Minefinders Corporation Ltd.
En 2015 la canadiense aprobó una inversión de 132 millones de dólares para desarrollar una nueva excavación para complementar las operaciones a tajo abierto, construir una nueva planta de aglomeración de pulpa de 5 mil 600 toneladas por día y construir una nueva línea eléctrica.
Ante los reprobables acontecimientos en el municipio de Madera, que provocaron problemas a la mina Dolores de Pan American Silver, la Cámara Minera de México, expresó su total reprobación a todo acto de violencia y confió en que las autoridades tomarán las medidas urgentemente necesarias para garantizar la reanudación de las operaciones de la mina.