El acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que da prioridad a proyectos del gobierno en la entrega de permisos provisionales, pone en desventaja y afecta los intereses económicos de las empresas, por lo que podrían recurrir al amparo, coincidieron especialistas.
El socio de Soledad & Carrasco Abogados, Gerardo Carrasco, dijo que a través de este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entró en vigor el día de ayer, se tendrá por autorizado provisionalmente todas y cada una de las obras del gobierno de México en materia energética.
"Esto despierta un interés legal de las empresas privadas en materia energética para acudir a juicio de amparo, por afectación a sus intereses económicos desde ahora en contra de este acuerdo",dijo Carrasco.
El abogado mencionó que existe el fomento de la judicialización del sector por parte de actos que jurídicamente no se sostienen y que se han emitido a lo largo del sexenio por el Poder Ejecutivo.
Durante el Encuentro Internacional de Energía México 2021, la asociada senior del despacho González Calvillo, Julia González dijo que este acuerdo ya es impugnable por no pasar el procedimiento de mejora regulatoria, el cual es un derecho previsto en el Artículo 27 constitucional, que permite como ciudadanos manifestar opiniones respecto a disposiciones que los afecten.
"En la medida en que podamos presentar amparos contra este tipo de disposiciones desde antes que se apliquen, podemos estar más cerca de la defensa del estado derecho. Podemos ser el contrapeso contra disposiciones con las que no estemos de acuerdo", apuntó.
Por su parte, el vicepresidente de energías renovables de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex, Carlos Aurelio Hernández, dijo que dicho acuerdo pone en ventaja competitiva el gobierno en el mercado de generación con sus 4 mil 300 megavatios de tecnología de ciclo combinado y los mil megavatios de energía solar que tienen proyectados.
"Tienen que pasar el camino que todos hacemos, manifestación de impacto ambiental, evaluación de impacto social con la Sener (Secretaría de Energía), permiso de generación con la CRE (Comisión Reguladora de Energía), municipales y estatales e interconexión con Cenace (Centro Nacional de Control de Energía). Si en cinco días no lo resuelven,sin importar que técnicamente esté mal hecho".
scsa