Integrantes de la sociedad civil exigieron al Senado de la República que tome en cuenta sus opiniones antes de aprobar las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que será votada la próxima semana. Confiaron en que el Senado sea sensible y no descartaron tomar otras acciones, como el amparo, para hacerse escuchar, pues aseguraron que durante esta administración han tenido mayores conflictos para laborar.
En videoconferencia de prensa, emitieron su postura respecto a la reforma que las obliga a emitir comprobantes fiscales digitales, y restringir que 50 por ciento de sus ingresos vengan de actividades no relacionadas con ellas para complementar sus ingresos. Estimaron que al menos 20 por ciento de las 9 mil donatarias que hay en México están en riesgo de desaparecer por las nuevas disposiciones que aprobaron los diputados en materia de financiamiento al sector.
- “20 por ciento, mil 800, de las OSC están riesgo de desaparecer si se aplica discrecionalmente 50 por ciento. Hacienda tendría que clarificar el criterio que está utilizando para saber qué considera como relacionado y no relacionado”, detalló Jorge Villalobos, del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
En la exposición de motivos de la reforma -refirió- se habla de 132 mil millones de pesos por servicios no relacionados, lo cual es incorrecto, porque están mezcladas las relacionadas con las no relacionadas. “Esta reforma lo que trae es un incremento inusitado de causales de revocación de las donatarias autorizadas que preocupan a todo el sector”.
Asimismo, se establece que los aportes privados (empresas o personas) suman 47 mil millones de pesos, pues el donante tenía el recibo de deducibilidad de un tercio de lo que da a las Organizaciones Civiles.
Los panelistas coincidieron en que la OSC enfrentan una situación estructural de bajos ingresos para realizar su trabajo en las que se combinan bajos niveles de apoyos filantrópicos, la baja cultura de donación individual y la cruel falta de recursos públicos federales que se eliminaron por circular presidencial en enero de 2019.
- “Es aún complejo dimensionar el daño que podrían provocar estas reformas en el sector, sin embargo, las consecuencias son múltiples, al tener que pagar nuevos impuestos muchas organizaciones tendrán que redireccionar importante parte de sus recursos que actualmente se destinan directamente al bienestar de la comunidad para pagar al SAT”, Sandrine Molinard de Grupo UNIDOSC (Unidos por los derechos de las OSC).
Coincidieron en que están a favor de una reforma fiscal para fortalecer las finanzas del país, pero no con mayor carga fiscales a quienes se dedican a mejorar la calidad de vida de diversos sectores, pues puede generar pérdidas de empleo en el país y mayor afectación al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que genera el sector.
- Las medidas excesivas previstas en la reforma ponen en peligro a cientos de organizaciones sin fines de lucro que al perder su donataria autorizada o verse obligadas a recaudar menos ingresos autogenerados o ingresos de otras fuentes, podrían verse obligadas a reducir actividades o cerrar.
Finalmente, Hatziri Recillas, del Grupo Fiscal de OSC, recordó que la propuesta busca aumentar la tributación y prevenir la evasión fiscal; pero la realidad es una propuesta que sobrerregula nocivamente al sector, porque limita sus actividades.
KVS