Ayer el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aconsejó al instituto interponer una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), con argumentos como violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a las tecnologías de información y comunicación, además de advertir que este padrón limitaría la función del órgano autónomo de promover un desarrollo eficiente del sector de la radiodifusión y de las telecomunicaciones.
“El IFT nace como un órgano autónomo dedicado a vigilar la competencia en las telecomunicaciones, pero ahora ya tiene el atributo de colaborador de la justicia porque no sólo va a recibir el padrón como tal y lo va a guardar sino que tiene funciones de vigilancia, de comprobar que los datos estén bien, que los entreguen los operadores”, dijo a MILENIO Jesús Romo, director de la firma de análisis de telecomunicaciones Telconomía.
Por su parte, Federico Hernández Arroyo, socio encargado del área de telecomunicaciones de la firma global de abogados Hogan Lovells señaló que “con este padrón se le están otorgando facultades que van más allá del propio IFT y que podrían caer en otra instancia del gobierno como la Secretaría de Gobernación, creo que se está desvirtuando su función de promover los servicios de telecomunicaciones en el país y una sana competencia”.
Michel Hernández Tafoya, director general del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel) señaló en entrevista que “el IFT no tiene nada que hacer en funciones de seguridad pública, no tiene una sola facultad que se derive de la constitución que se refiera a estas tareas y este padrón tiene la finalidad de colaborar en materia de seguridad y procuración de justicia”.
Los expertos coinciden en que la nueva tarea de conformar el Panaut distraería las funciones para las que fue creado el IFT. “No es fácil la planeación de un padrón de esta naturaleza, se necesitan recursos financieros, humanos y materiales, esto representa un reto para el IFT, que ha calculado un presupuesto 700 millones de pesos para esto”, agregó Hernández Arroyo.
El IFT necesitará más presupuesto, esto es una política contraria a la austeridad mexicana y creo que será también parte del conflicto entre el ejecutivo y los órganos autónomos, analizó Romo.
Asimismo, el IFT decidirá qué datos biométricos estarán en el padrón.
“El instituto nunca ha tenido funciones similares, por lo que tendría que ponerse a investigar para ejecutar el padrón, para generar estos sistemas que tienen que ser muy robustos y muy bien blindados, pero además, el instituto fungiría sólo como un intermediario pues los funcionarios no tendrán acceso a la base de datos”, añadió Hernández Tafoya.
Además, es una carga administrativa imprevista cuya implementación va a tener un costo en tiempo, dinero y esfuerzo de las compañías de telefonía para tener registro de más de 120 millones de líneas, apuntó Hernández Aroyo, de Hogan Lovells.
“A la industria se le pone una responsabilidad que es del estado, ella tiene que gastar para encontrar una solución y cerciorarse con el IFT de que está todo bien o si no recibirá una multa como castigo”, reclamó Romo, de Telconomía.
Si al cabo de dos años los usuarios de telefonía móvil no se registran al padrón su línea será cancelada. Hernández Tafoya declaró que “este instituto es un órgano regulador que debería estar buscando el acceso de más personas a la telefonía móvil y al internet y le asignan esta tarea que podría dejar a mucha gente sin conexión”.
La complejidad deriva de que no está bien razonada la iniciativa y no se entiende el papel que tiene cada quien en esta cadena de salvaguardar la seguridad pública, tampoco se hace referencia de cómo se usará esta base de datos, no se sabe quién y en qué caso se utilizará en materia de seguridad, señaló el director del Observatel. “No se identificaron los efectos secundarios, que en su mayoría son nocivos”.
Romo expuso que antes del Panaut, el Estado tenía tres maneras de utilizar al sector de las telecomunicaciones para efectos de seguridad pública: la primera es la escucha telefónica, para la cual se requiere una orden judicial y sólo autoridades competentes pueden acceder a estas; la geolocalización y los metadatos del usuario, que los operadores tienen la obligación de guardar por dos años, como los registros de las llamadas y su duración.
srgs