Ante la coyuntura actual por el coronavirus, son necesarias acciones de política fiscal para contrarrestar los efectos y es urgente que se pongan en marcha; sin embargo, no todas las propuestas son viables y deben enfocarse en los sectores más vulnerables y que estarán más afectados por la contingencia sanitaria, coincidieron analistas del mercado.
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“La Cámara de Diputados aprobó, falta que lo apruebe el Senado, que se utilice el superávit primario como fondo para contrarrestar la contingencia sanitaria; el gobierno federal va a tener que decidir qué sí va y que no va, pues entre todas las propuestas se tiene que proteger a las personas y los sectores más vulnerables, donde la mayor parte de trabajos pueden peligrar”, indicó la directora de análisis económico-financiero de Banco Base, Gabriela Siller
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso medidas urgentes para contrarrestar los efectos del coronavirus; entre ellas, establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realicen sin limitación geográfica alguna durante el ejercicio 2020; y en los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia.
Asimismo, el CCE propuso acelerar los pagos pendientes a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) y apresurar las devoluciones pendientes del IVA a las empresas y restaurar la compensación universal.
Siller explicó en entrevista con MILENIO que no solo se trata de dar recursos “pues no hay dinero que alcance”, por lo que las medidas fiscales tienen que ir a las industrias más afectadas que seguramente serán turismo, entretenimiento, restaurantes y la manufactura de exportación, con el objetivo de detener la caída del producto interno bruto que se estima entre 3 y 5 por ciento.
Por su parte, el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, señaló que “evidentemente la mayor parte de medidas que el país necesita, porque sí se necesitan, no van a ser alcanzables por el hecho de que el gobierno simplemente no va a tener dinero, es decir, ya llegaba con un presupuesto muy acotado, en donde los excedentes que se habían generado por la austeridad y reasignaciones se enviaron a programas de desarrollo social, con una caída además de los precios del petróleo”.
En este sentido, dijo que en el caso del pago a proveedores y las devoluciones pendientes del IVA no es algo que se tenga que analizar, sino es algo que se tiene que hacer; no obstante, medidas adicionales costarán alrededor de entre 250 mil y 300 mil millones de pesos, en un escenario conservador y esos recursos no se tienen en este momento.
Por tanto, consideró De la Cruz, lo que el gobierno federal tiene que hacer es asegurarse que se mantenga la mayor operación y continuidad posible; es decir, que siga operando la mayor parte del sistema productivo con acuerdos que garanticen eso y la permanencia del empleo, mientras que Siller añadió que es necesario redireccionar recursos a proyectos de inversión en infraestructura que sean rápidos, que generen empleos y un efecto multiplicador en la economía.
PREOCUPACIÓN DEL IP
En videoconferencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, señaló que el decálogo con medidas para apoyar a las empresas y preservar el empleo que entregaron a las autoridades fue bien recibido y que además ya está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo recibió el Presidente y las autoridades, y para decirlo de una forma coloquial, le está sacando la punta al lápiz, para ver hasta donde alcanza desde el punto de vista fiscal, la posibilidad de apoyos inmediatos”.
“El plazo que se nos dio es de que el próximo martes habrá ya una respuesta por parte de el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a todas estas peticiones, yo esperaría martes, máximo miércoles, tener ya una respuesta al documento que fue compartido”, adelantó Lomelín.
El dirigente empresarial advirtió que si el gobierno no toma cartas en el asunto y retoma el decálogo que propusieron, de acuerdo a estimaciones de bancos y analistas se perderán cerca de 800 mil empleos, razón por la cual manifestó su preocupación por el poco actuar del gobierno federal ante esta crisis.
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y ECONOMÍA.
CAF ABRE LÍNEA DE CRÉDITO POR 2,500 MDD
CAF, el banco de desarrollo de América Latina, puso a disposición de sus accionistas una línea de crédito de emergencia de carácter contracíclico y rápido desembolso por hasta 2 mil 500 millones de dólares, la cual servirá para apoyar y complementar las medidas fiscales que están aplicando los gobiernos.
“El objetivo de esta línea de crédito es agilizar la aprobación de operaciones que apoyen de manera rápida y eficaz las medidas de emergencia que están adoptando nuestros países para mitigar los efectos del Covid-19 en la economía y en la calidad de vida de las personas. En contingencias como esta, es aún más relevante nuestro rol como socios del desarrollo de todos nuestros países accionistas”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte, en un comunicado.