La iniciativa privada del país está "preocupada" por la decisión de la Secretaría de Economía de prohibir la comercialización de algunas marcas de quesos y yogurts, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, por lo que las empresas buscarán esta misma tarde un acercamiento con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“Al rato te van a hablar todos nuestros amigos de los quesos y de las leches, y estoy seguro de que están preocupados por las acciones del día de ayer. Ojalá la sensibilidad sea lo más importante en estos casos”, dijo el empresario al titular de Profeco en una conferencia donde ambos participaron, así como la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el presidente ejecutivo de la Antad, Vicente Yáñez.
Ayer la Secretaría de Economía, con la asistencia de la Profeco, prohibió de manera inmediata la comercialización de marcas de yogurt y queso por incumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, pues esta venta, indicó, se ha realizado en perjuicio y con información “que puede inducir al engaño de los consumidores”.
Entre estos casos se encuentran casos de marcas como Bene Gastro, Philadelphia, Caperucita, Fud, Nochebuena, Lala, Swan, Premier Plus Cuadritos, Burr, Precissimo, Frankli, Selecto Brand, Galbani, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremeria Covadonga y Aurrera.
“Estamos ante la aplicación por primera vez por parte de la SE, en apoyo a la Profeco y la Ley Federal del Consumidor, de la aplicación de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta aplicación histórica de la Ley de Infraestructura de la Calidad nos permite abrir una nueva puerta en la defensa de los consumidores; en el empoderamiento de todas y todos nosotros los consumidores, con la información que es el instrumento que nos empodera”, dijo por su parte Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.
Adicionalmente, a los infractores se les impondrán las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad.
Las sanciones por información comercial que implique un engaño al consumidor oscilan ente 347 mil 520 pesos hasta un millón 303 mil 200 pesos, de acuerdo con el artículo 155 de dicha legislación en sus fracciones II y III.
MRA