Los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas del país están padeciendo una carga laboral elevada, y en menos de dos años podría ser peor.
Y es que a partir del 2023 habría despidos de personal, esto debido al aumento en el costo de la seguridad social de sus trabajadores que enfrentarán.
Las empresas de menor tamaño tienen que hacer frente a los cambios marcados por la reforma laboral, cumplir con las nuevas NOM's, la nueva Ley de Teletrabajo, las nuevas disposiciones de subcontratación laboral, y en 2023 acatar la reforma de pensiones que establece un aumento en la cuota de cesantía en edad avanzada y vejez que aplicará el IMSS.
Un análisis de Coparmex Nuevo León advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas están incurriendo en excesivos costos para cumplir la nueva normatividad laboral.
Por ejemplo, la cuota de cesantía ya no será de 3.150 por ciento del salario base de cotización, sino que alcanzará un valor de 11.875 por ciento.
Cada año a partir del 2023 irá aumentando gradualmente, durante ocho años, alrededor de un punto porcentual cada año.
Iván Rivas Rodríguez, director de Coparmex Nuevo León, dijo que las empresas no solo enfrentan una mayor carga administrativa en materia laboral, sino también un impacto en costos.
“De ahí que las empresas intensivas en mano de obra podrían ver un efecto importante en sus costos de seguridad social”, añadió.
En Coparmex Nuevo León, con el objetivo de aligerar un poco la carga, ha generado un programa de mesas de apoyo y orientación para el cumplimiento de la reforma en materia de subcontratación laboral, que dio inicio el 13 de mayo pasado.
“Las empresas interesadas pudieron ser atendidas por expertos en la materia y vinculadas con representantes de la Subsecretaría del Trabajo de Nuevo León, la delegación del Infonavit, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Prodecon, la delegación del IMSS y con el Fonacot”, detalló Rivas Rodríguez.
Las empresas no sólo deben atender la materia laboral ante las reformas ocurridas, sino que éstas también tienen implicaciones fiscales, advirtió, lo que complica todavía más la carga administrativa de las organizaciones.
Rivas Rodríguez explicó que la reforma de pensiones aprobada en diciembre pasado, aunque significa beneficios para los trabajadores, para los patrones es un costo.
“Son los patrones, sin importar el tamaño de su empresa, quienes asumirán el aumento en el valor de la cuota (de cesantía en edad avanzada y vejez). Los trabajadores no tendrán ningún efecto, ellos continuarán aportando el mismo porcentaje que hasta ahora (de 1.125 por ciento)”, añadió.
Lamentablemente, los apoyos del gobierno federal para aligerar la carga a las empresas brillan por su ausencia, acusó el directivo empresarial.