El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mostró su preocupación sobre los proyectos de leyes en materia educativa aprobados el 18 de septiembre, al considerar que contienen disposiciones que no respetan la Constitución y que ponen en riesgo el objetivo de la reforma que es garantizar el derecho a la educación de excelencia.
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En un comunicado, el organismo que preside Carlos Salazar Lomelín indicó que la iniciativa privada ha participado en todas las discusiones en materia educativa de los últimos años, ya que la educación es fundamental del desarrollo y la sociedad, y México necesita niños y jóvenes bien preparados.
“Las propuestas contenidas en el dictamen respecto del ingreso al servicio docente, violan el principio de equidad, al establecer que se debe de dar preferencia a los egresados de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)”, destacó el organismo como uno de los puntos a analizar en el dictamen.
Agregó que la existencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio, viola el régimen de admisión mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
“Se vulnera el principio de imparcialidad al contemplar que una vez llevado a cabo el proceso de selección, las listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los estados, así como a los sindicatos, para sus comentarios, con lo que pudiéramos regresar a que los sindicatos tengan gran injerencia en las plazas”, aseveró el CCE.
En su cuenta de Twitter, el CEO de Cinépolis y quien fuera presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez, coincidió con que la asignación automática de plazas para normalistas viola la Constitución Mexicana.
Esto "no sólo va en contra de lo que marca la Constitución, sino que representa negarle a los niños y jóvenes de México la posibilidad de tener mejores maestros, y con ello, una mejor educación y un mejor futuro", escribió.
Salazar Lomelín añadió que en el dictamen desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) como organismo que regula, supervisa y controla la construcción y reconstrucción de escuelas, promoviendo la autorregulación.
“Es indispensable que quede claro en la legislación, que la responsabilidad de velar por la seguridad de los planteles sea del estado, y no de los comités participativos. Deben existir lineamientos básicos y estándares para la construcción, además de procesos para lograr transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre los recursos”, indicó.
Señaló que es indispensable que se plantee un esquema de evaluación diagnóstica, que permita conocer el estado de la educación; así como esquemas de mejora continua para la profesionalización de los docentes.
“Exhortamos a los legisladores -en el marco de la discusión en el Pleno de los dictámenes aprobados en Comisiones-, a modificar las disposiciones de los proyectos para que se garantice el derecho constitucional de los mexicanos a una educación de excelencia y se promueva una política de formación y selección de maestros”, resaltó.
MRA