El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó de inaceptable y equivocada la reforma en materia eléctrica presentada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso, ya que implica un grave retroceso para el sector.
De acuerdo con un análisis elaborado por el organismo, la iniciativa presentada es una “contrarreforma que parece desconocer la importancia de la transición energética”, pues mantiene un discurso de desprestigio a la reforma de 2013 y la correspondiente ley aprobada en 2014 y que es vigente.
Explicó que el objetivo final de la ley 2014 es favorecer a los hogares y a las empresas mediante mejores tarifas de la electricidad, y a la economía con un sistema moderno, eficiente y confiable, ayuda a las finanzas públicas al permitir al gobierno concentrarse en las actividades que le corresponden mayormente, como la educación, la salud, la seguridad pública y la misma transmisión y distribución de la electricidad.
La iniciativa de reforma presentada el 1 de octubre, busca otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54 por ciento de la generación de electricidad, prevé la desaparición de los organismos de regulación autónomos, así como los contratos vigentes de generación y los de compraventa de electricidad.
“Los beneficios de la reforma energética de 2013, que no han acabado de concretarse, incluyen la modernización del sistema para lograr la transición energética hacía fuentes más sostenibles ambientalmente -que permitan al país alcanzar las metas acordadas globalmente- y elevar la competencia económica en favor de la reducción de las tarifas eléctricas en el tiempo y del adelanto tecnológico”.
El CEESP agregó que de ser el caso, una buena regulación debería corregir distorsiones y asimetrías que en ocasiones podrían beneficiar excesivamente a unos cuantos jugadores a costa de otros, o de la empresa pública, bajo el argumento de que es el actor dominante (la CFE suministra electricidad a más del 90 por ciento de los usuarios).
“En vez de destruir el mercado eléctrico y volver a un esquema de monopolio estatal, se tendría que priorizar el bien público y el bienestar de los hogares. Ese debe ser el curso de acción para conservar los elementos positivos de un mercado interno de electricidad, competitivo y con incentivos al avance tecnológico, capaz de proveer energía suficiente, confiable, moderna y limpia a precios accesibles, y sin depender de subsidios que inevitablemente provienen de los contribuyentes”, insistió.
Por lo que considero que aprobar esta iniciativa, que parece más dirigida a fortalecer una posición política que establecer una verdadera y eficiente política energética en beneficio del crecimiento y el bienestar, tendría sin duda consecuencias negativas importantes para el país.