El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolinas y Lubricantes (Adigal) del Valle de Toluca, Jorge Luís Pedraza Navarrete, señaló que la reforma a la Ley de Hidrocarburos que ha propuesto el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, presenta elementos contradictorios a la Constitución y la participación del sector privado en la industria de petrolíferos.
“En general la iniciativa inhibe la competencia, debe haber piso parejo y no podemos permitir desde ningún esquema del gobierno que haya una violación al Estado de Derecho”.
Por lo que hizo un llamado a los legisladores federales para realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, y considere los posibles efectos negativos que dicha reforma tendría sobre consumidores, inversionistas y empresas.
Refirió que la reforma abarca varios rubros donde destaca la exigencia de un permiso a los comercializadores, distribuidores y exportadores sin importar el almacenaje mínimo; permitirán que cualquier trámite que no sea resuelto en 90 días, como lo prevé la ley, tendrá una afirmativa ficta.
El vicepresidente de la zona centro de ONEXPO nacional, refirió que también propone la revocación, suspensión temporal e intervención de los permisos otorgados por el gobierno por motivos de seguridad nacional, energética o económica.
“No estamos de acuerdo en que la autoridad revise a diestra y siniestra las instalaciones por temas de seguridad nacional. Es preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio”.
Por ello es fundamental garantizar el estricto apego al Estado de Derecho, a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y certeza jurídica, pues el tratamiento de algunas de las conductas referidas en la iniciativa está contenido en leyes y procedimientos promulgados y en vigor que las sancionan con toda severidad.
Pedraza Navarrete detalló que la iniciativa fue presentada la semana pasada por el titular del ejecutivo federal y está en análisis. Su intención de evitar el contrabando de combustible, afirmó, es válida pues en la ONEXPO están en contra de cualquier acción fuera de la ley, sin embargo, complica más la situación del sector gasolinero, especialmente, porque durante el primer trimestre del año siguen con 30 por ciento menos demanda de servicios.
Asimismo, refirió que siguen los problemas con los permisos para abrir nuevas estaciones de servicio en el país, tan solo en el Valle de Toluca están por entregar 10. “Hay cuatro estaciones terminadas y el resto están en proyectos, la liberación del Dictamen de Giro puede ayudar, pero no es suficiente”.
Finalmente, resaltó que ONEXPO NACIONAL realiza una consulta en materia jurídica, económica y técnica con todos los participantes de la cadena de valor de la industria de petrolíferos, para coordinar la más amplia, responsable y oportuna postura sectorial.
MMCF